Una investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, luego de que la Alcaldía de Valledupar detectó situaciones irregulares dentro de operaciones registradas en el Sistema de Información Tributaria Municipal.
La Administración Municipal informó que los hallazgos surgieron durante los procesos internos de control, seguimiento y verificación adelantados sobre los procedimientos relacionados con el recaudo de los tributos municipales.
De acuerdo con la Alcaldía, una vez identificadas las operaciones que requerían ser revisadas, se activaron los mecanismos institucionales y se reforzaron los controles para proteger los recursos públicos. Posteriormente, la información recopilada fue entregada a las autoridades competentes para que establezcan si se configuraron conductas irregulares y determinen las eventuales responsabilidades.
Aunque la Administración Municipal no entregó detalles sobre las operaciones que son objeto de revisión, precisó que la investigación deberá establecer el alcance de los hechos y si hubo afectación de los recursos del municipio.
CAMBIOS EN LA OFICINA DE RENTAS
En medio de este panorama se produjo un movimiento en el equipo encargado de la gestión tributaria de Valledupar.
Davianys Lisbeth Vargas Suárez, quien se desempeñaba como jefa de la Oficina de Rentas, presentó su renuncia al cargo después de que el alcalde Ernesto Orozco le solicitara apartarse de la posición mientras avanzan las actuaciones relacionadas con las presuntas irregularidades detectadas en el sistema de impuesto predial.
La salida de la funcionaria se convierte en uno de los primeros cambios administrativos conocidos tras la puesta en conocimiento de los hechos ante la Fiscalía. En su reemplazo fue designado Luis Miguel Cortes Casadiego, abogado con especializaciones en Derecho Administrativo, Gobierno y Estudios Políticos, quien ya había ocupado responsabilidades dentro de la administración municipal, entre ellas funciones relacionadas con la Tesorería.
El nuevo jefe de la dependencia cuenta, según la información suministrada por la Alcaldía, con experiencia en gestión pública, administración de recursos financieros, cobro coactivo y control fiscal.
ALCALDÍA DEFIENDE CONTROLES
Frente a la situación, el alcalde Ernesto Orozco aseguró que su administración no permitirá que actuaciones que puedan comprometer las finanzas públicas queden sin ser investigadas.
El mandatario sostuvo que, al detectar situaciones que requieren esclarecimiento, la obligación de la Administración es ponerlas en conocimiento de los organismos correspondientes y colaborar con las investigaciones.
Por tratarse de una investigación en curso, la Administración decidió mantener bajo reserva los detalles de la información entregada a la Fiscalía, con el argumento de evitar interferencias en el proceso y garantizar el debido proceso.