Luis Ángel Bejerano Torres, alias de ‘Luchito’, continuará privado de la libertad luego de que el Juzgado 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar negara una solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por su defensa.
Bejerano Torres es investigado por su presunta participación en el asalto ocurrido el pasado 29 de abril en el barrio Obrero, donde el empresario Jorge Guerrero resultó herido con arma de fuego durante el robo de varias joyas.
Según los elementos expuestos dentro del proceso, el hecho se registró alrededor de las 12:45 del mediodía, en inmediaciones de la carrera 12 con calle 13B. Guerrero acababa de salir de un establecimiento comercial cuando, presuntamente, fue abordado por varios sujetos que se desplazaban en motocicletas.
La hipótesis de las autoridades señala que los delincuentes pretendían despojar al empresario de sus pertenencias y que, ante la resistencia de la víctima, uno de los asaltantes le disparó en una pierna. En medio del ataque le habrían hurtado dos cadenas de oro avaluadas en unos 62 millones de pesos.
La lesión ocasionada durante el atraco comprometió la arteria femoral de Guerrero. El empresario tuvo que ser intervenido quirúrgicamente durante cerca de 10 horas y permaneció 26 días hospitalizado mientras se recuperaba del procedimiento de reconstrucción vascular.
En el proceso contra Bejerano Torres, la Fiscalía le atribuye los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Por estos hechos le fue impuesta una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pese a que ya permanecía recluido por otros procesos judiciales.
LA DISCUSIÓN POR LOS TÉRMINOS
La controversia que llegó al juzgado se concentró en la solicitud de libertad presentada por la defensa. El abogado argumentó que habían transcurrido los 60 días contemplados para el vencimiento de términos sin que se hubiera cumplido, según su interpretación, la actuación procesal correspondiente por parte de la Fiscalía.
La representación de la víctima se opuso a esa pretensión. Durante la audiencia, el abogado Alfonso Freite sostuvo que el análisis no podía limitarse a establecer si habían transcurrido los 60 días, sino que también debía verificarse la situación procesal existente al momento de resolver la petición.
En este caso, indicó el jurista, la Fiscalía ya había presentado el escrito de acusación, circunstancia que, a su consideración, impedía conceder la libertad solicitada.
Tras analizar los argumentos, la juez concluyó que se había configurado un hecho superado y negó la petición, teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales aplicables establecidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
La defensa interpuso recurso de apelación contra la decisión, por lo que la determinación será estudiada en segunda instancia.