Procuraduría investiga a concejal por polémico video con arma de fuego
La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar inició una actuación disciplinaria de oficio contra el concejal de Valledupar Oswaldo Díaz Ortiz, luego de la difusión en redes sociales de un video en el que aparece portando un arma de fuego y realizando expresiones de carácter político que generaron cuestionamientos.
La decisión del Ministerio Público fue adoptada el 19 de agosto, después de que la grabación comenzara a circular ampliamente y fuera divulgada por medios de comunicación de la capital del Cesar.
En el video, que tiene una duración aproximada de 15 segundos, Díaz Ortiz aparece sentado y muestra un arma mientras realiza comentarios dirigidos a personas identificadas con una determinada corriente política. Durante la grabación también hace referencia a su condición de subteniente de la reserva y concejal, además de utilizar la expresión “listo para la guerra”.
Ante la gravedad de las manifestaciones, la Procuraduría dispuso la práctica de varias pruebas con el propósito de establecer las circunstancias en las que fue elaborado y difundido el material audiovisual, así como determinar si las actuaciones del cabildante podrían constituir una falta disciplinaria.
Entre las diligencias ordenadas se encuentra la solicitud de la hoja de vida completa del concejal al Concejo de Valledupar, la recopilación de sus publicaciones y pronunciamientos en redes sociales y la elaboración de un informe técnico-científico para establecer la autenticidad e integridad del video.
El caso también provocó pronunciamientos de distintos sectores de la sociedad vallenata, que cuestionaron el contenido de la grabación y pidieron que las autoridades establezcan responsabilidades. La controversia se centró especialmente en el hecho de que las expresiones provinieran de un funcionario elegido mediante voto popular.
Díaz Ortiz, por su parte, se pronunció posteriormente mediante otro video, en el que aseguró que la grabación difundida fue objeto de edición y que su contenido no representa de manera fiel su pensamiento ni la forma como se relaciona con personas que tienen posiciones políticas diferentes.
El concejal también negó haber promovido la violencia o el odio por motivos políticos y presentó disculpas públicas a quienes pudieron sentirse afectados o preocupados por el contenido que circuló en redes sociales.
La actuación disciplinaria se encuentra en una etapa inicial. Durante el proceso, el Ministerio Público deberá establecer la autenticidad del material, precisar las circunstancias de los hechos y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual formulación de cargos.
De comprobarse una conducta disciplinariamente reprochable, Díaz Ortiz podría enfrentar las consecuencias previstas en el régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos. Por ahora, la investigación no constituye una declaración de responsabilidad y el concejal conserva su derecho a la defensa y al debido proceso.