Un operativo militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) dejó cuatro personas capturadas en zona rural de San Alberto, Cesar, entre ellas un hombre identificado con los alias de ‘Moisés’, ‘El Viejo’ o ‘El Ruso’, señalado por las autoridades de ser presuntamente el encargado de las finanzas del Frente Resistencia Campesina de esa organización armada.
El procedimiento se desarrolló en la vereda Monterrey, donde tropas del Gaula Militar Chicamocha, de la Quinta Brigada del Ejército, sostuvieron un combate de encuentro con integrantes de la estructura armada. La operación contó con el acompañamiento de la Policía Nacional.
Según información de inteligencia militar, ‘Moisés’ llevaría aproximadamente una década vinculado a la estructura y habría tenido entre sus principales funciones el cobro de extorsiones en áreas de San Alberto, el corregimiento de La Esperanza, en Norte de Santander, y sectores del Bajo Rionegro, en Santander. Durante el enfrentamiento, uno de los cuatro capturados resultó herido.
Las autoridades también relacionan al presunto cabecilla con diferentes hechos delictivos atribuidos al Frente Resistencia Campesina, entre ellos acciones armadas contra la Fuerza Pública, homicidios y actividades extorsivas en municipios del sur del Cesar y zonas limítrofes de Santander y Norte de Santander.
ARSENAL Y DROGA INCAUTADOS
El operativo permitió además la incautación de seis armas de fuego, proveedores y 142 cartuchos calibre 9 milímetros. A este material se sumaron dos artefactos explosivos improvisados, equipos de comunicaciones, teléfonos celulares, material de intendencia, una antena Starlink y una motocicleta. También fueron encontrados aproximadamente dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.
El resultado fue destacado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó sobre la operación y aseguró que la Fuerza Pública continuará adelantando acciones contra las estructuras armadas que operan en distintas regiones del país.
Desde el Gobierno nacional señalaron que el operativo representa un golpe a las capacidades logísticas y financieras de las ACS, particularmente a las actividades de extorsión que, según las autoridades, afectan a comerciantes, habitantes y sectores productivos de esta zona del Cesar.