Aplazan fallo contra siete guardianes de ‘La Tramacúa’
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar decidió aplazar la audiencia en la que estaba previsto conocer el sentido del fallo dentro del proceso que se adelanta en contra de siete antiguos guardianes de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, ‘La Tramacúa’,
La nueva diligencia quedó programada para el 5 de octubre de 2026, a las 3:00 de la tarde, fecha en la que el despacho espera anunciar si los procesados son responsables de los delitos que les atribuye la Fiscalía.
Los acusados son Wesly Palacio Mena, Henry Rendón Henao, Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, Edgar Alejandro Martínez Arias, Andrey Alejandro Durán Sánchez, Jaime Alonso Herrera Flórez y Herney Fernando Novoa Martínez.
La investigación se remonta a noviembre de 2021, cuando fueron adelantados operativos por parte del CTI de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, que terminaron con las capturas de los entonces funcionarios en distintos sectores de Valledupar.
OPERACIÓN DESDE LA CÁRCEL
De acuerdo con la hipótesis planteada por la Fiscalía, los siete guardianes habrían aprovechado sus funciones dentro del establecimiento penitenciario para facilitar el ingreso de elementos prohibidos que posteriormente serían utilizados por integrantes de una estructura delincuencial.
Entre los objetos que supuestamente ingresaban a ‘La Tramacúa’ se encontraban teléfonos celulares, tarjetas SIM, cargadores, sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y bebidas alcohólicas.
El expediente sostiene que estos elementos habrían permitido establecer comunicaciones desde el interior del penal para contactar a personas en los departamentos del Cesar y La Guajira y exigirles dinero bajo amenazas.
Según la investigación, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y conversaciones por WhatsApp, las víctimas habrían recibido intimidaciones en las que los responsables se identificaban, presuntamente, como integrantes de organizaciones armadas y estructuras delincuenciales.
La Fiscalía también sostiene que en esta dinámica se habrían utilizado panfletos para reforzar las amenazas y presionar a los afectados a entregar determinadas cantidades de dinero, bajo advertencias de posibles atentados contra ellos o sus familiares.
Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hasta ahora, la justicia no ha emitido una decisión definitiva sobre su responsabilidad.