Demanda de nulidad contra elección de De La Espriella no menciona ´fraude electoral´
Fue publicada la copia de la demanda de nulidad electoral presentada ante el Consejo de Estado para pedir que se anule la elección presidencial de Abelardo De La Espriella y su fórmula, José Manuel Restrepo.
La acción busca dejar sin efecto la resolución y las credenciales expedidas por el Consejo Nacional Electoral que oficializaron su elección y solicita un nuevo escrutinio de los votos en el exterior, al señalar que la diferencia frente a Iván Cepeda fue de 251 mil 854 sufragios, menos del uno por ciento de los votos válidos.
La demanda no sostiene que exista un fraude electoral probado. Su principal argumento es que, según los seis demandantes, la Registraduría eliminó mecanismos técnicos que en las elecciones de 2022 permitían verificar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los formularios E-14, E-24 y E-26, lo que impediría confirmar de manera independiente que los documentos publicados corresponden a los originales firmados por los jurados de votación.
“La elección presidencial queda así atrapada en una zona de oscuridad probatoria incompatible con el estándar mínimo de autenticidad electoral. No se exige al juez que declare probado el fraude en esta etapa. Se le solicita que reconozca que la opacidad oficial impide descartar racionalmente las hipótesis de manipulación y que, por tanto, debe ordenar de inmediato la preservación, entrega, auditoría y contraste de la prueba digital y documental bajo control de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y sus operadores tecnológicos”, indica el documento.
Los demandantes afirman que esa ausencia de controles creó una “opacidad sistémica” que impide descartar una eventual manipulación documental. Por ello piden al Consejo de Estado conservar toda la evidencia digital de la elección y ordenar auditorías forenses para verificar la autenticidad de los documentos electorales y la forma en que fueron procesados y publicados.
El documento sostiene que existen fallas que impedirían comprobar que los formularios E-14, E-24 y E-26 publicados por la Registraduría son originales y no fueron modificados. Según los demandantes, el sistema de divulgación eliminó metadatos, huellas digitales y estampillas de tiempo que en 2022 permitían verificar el origen y la integridad de cada archivo.
Uno de los principales argumentos de la demanda es que las firmas de los jurados fueron publicadas en una hoja separada de la que contiene los resultados de cada mesa. De acuerdo con los peritajes anexos, esa modificación rompe el vínculo entre ambas páginas y, según un experimento incorporado al expediente, facilitaría la recombinación mediante herramientas de inteligencia artificial de firmas auténticas con resultados distintos. Los demandantes aclaran que la prueba se realizó con documentos marcados como “fake”, sin validez electoral, y que no constituye una prueba de alteración de votos.
Como respaldo, la demanda incorpora informes periciales y reportes recopilados por ciudadanos a través de la plataforma Testigos Digitales es 2026, un sitio web que se presenta como una iniciativa ciudadana independiente para recopilar y verificar actas electorales.