Hay 261 municipios con riesgo extremo y de violencia armada
A pocas horas de las elecciones de primera vuelta presidencial de 2026, más de 41 millones de colombianos están habilitados para acudir a las urnas en los 13.742 puestos de votación dispuestos en todo el país. La jornada representa uno de los momentos democráticos más decisivos de los últimos años, no solo por la disputa política entre once candidatos de distintas corrientes ideológicas, sino también por el complejo contexto de seguridad que atraviesan varias regiones del territorio nacional.
La preocupación de diferentes entidades estatales y organizaciones de observación electoral se centra en el riesgo de que actores armados incidan en la participación y en la libertad del voto de miles de ciudadanos. En respuesta a ese panorama, la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas electorales orientadas a que las autoridades implementen medidas preventivas para garantizar el ejercicio democrático y proteger a las comunidades más vulnerables.
La expansión territorial de organizaciones como el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo ha profundizado la crisis humanitaria en varias regiones del país. Las disputas por corredores estratégicos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y otras economías ilícitas han fortalecido militarmente a estas estructuras y aumentado su capacidad de control sobre las poblaciones locales.
DEPARTAMENTOS CON MAYOR RIESGO
En este contexto, la Misión de Observación Electoral consolidó su informe “Mapa de Riesgo por Factores de Violencia”, con corte a abril de 2026, en el que identificó los municipios del país con niveles de riesgo medio, alto y extremo para el desarrollo de las elecciones presidenciales.
El informe advierte que actualmente existen 125 municipios en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 139 en riesgo extremo debido a factores asociados al conflicto armado y a la presencia de grupos ilegales. Estas cifras reflejan la persistencia de condiciones de inseguridad que podrían afectar el desarrollo normal de la jornada democrática en distintas regiones del país.
De acuerdo con el consolidado de la MOE, Antioquia encabeza la lista de departamentos con más municipios en riesgo electoral, con un total de 52 territorios afectados: 17 en riesgo extremo, 15 en riesgo alto y 20 en riesgo medio. La complejidad del panorama en este departamento está relacionada con la presencia de diferentes grupos armados y las disputas por corredores estratégicos para economías ilegales.
El segundo departamento con más municipios en riesgo es Cauca, con 39 municipios afectados. De estas, 28 presentan riesgo extremo, 7 riesgo alto y 4 riesgo medio. Cauca se convierte así en el departamento con mayor número de municipios catalogados en nivel extremo, una situación explicada por la fuerte presencia de estructuras armadas y por el control de rutas estratégicas hacia el océano Pacífico.
Nariño ocupa el tercer lugar con 30 municipios en riesgo. Allí, 8 municipios fueron clasificados en riesgo extremo, 14 en riesgo alto y ocho en riesgo medio. La situación en este departamento también está ligada a las disputas entre grupos armados por el control territorial y las economías ilegales en la región Pacífica.
En cuarto lugar aparece Huila, con 27 municipios en riesgo, 6 en nivel extremo, 8 en riesgo alto y 13 en riesgo medio. Mientras tanto, Norte de Santander registra 25 municipios afectados, de los cuales 12 están en riesgo extremo, 6 en riesgo alto y 7 en riesgo medio. Este último departamento continúa siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado debido a la presencia de múltiples estructuras criminales y a la situación de violencia persistente en la región del Catatumbo.
El informe también identifica las subregiones más afectadas por los factores de violencia asociados al proceso electoral. Entre ellas aparecen Magdalena Medio, Norte del Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Ariari-Guayabero, Andén Pacífico Sur, Catatumbo, sur del Huila, Macizo Colombiano, norte de Antioquia y Patía. En estas zonas, la presencia de organizaciones criminales y los constantes enfrentamientos armados representan un riesgo directo para la población civil y para el normal desarrollo de la jornada electoral.
LA VIOLENCIA
Según la MOE, una de las principales preocupaciones en el actual escenario electoral es el impacto que la violencia puede tener sobre la participación ciudadana. La consolidación del control territorial por parte de grupos armados ilegales ha generado un clima de temor que podría inhibir el ejercicio libre del voto en diferentes municipios del país. La organización alerta que las amenazas, restricciones a la movilidad y actos intimidatorios contra comunidades y líderes locales afectan la confianza de los ciudadanos y deterioran las garantías democráticas en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
Además, durante la campaña presidencial algunos sectores políticos denunciaron que grupos armados buscaron favorecer o bloquear determinadas candidaturas en zonas bajo su influencia. Incluso, algunos aspirantes no pudieron ingresar a ciertos territorios debido a restricciones impuestas por estructuras ilegales que los declararon personas no gratas. Esta situación limitó la posibilidad de que comunidades enteras conocieran directamente las propuestas de varios candidatos presidenciales.
La MOE sustenta parte de sus alertas en hechos concretos ocurridos recientemente en inmediaciones de puestos de votación. Uno de los casos mencionados corresponde a situaciones registradas el pasado 8 de marzo en municipios como El Cerrito, en Valle del Cauca, y La Macarena, en Meta. Aunque los hechos se presentaron después del cierre de las urnas, generaron preocupación entre la población y aumentaron la percepción de inseguridad frente a las elecciones presidenciales.
El panorama evidencia que el reto para las autoridades no solo consiste en garantizar la logística electoral, sino también en asegurar condiciones reales de seguridad para millones de ciudadanos que acudirán a las urnas. La Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Pública y demás instituciones del Estado mantienen el desafío de proteger los puestos de votación y brindar garantías suficientes para que el proceso se desarrolle con transparencia y sin interferencias violentas.
El llamado de la MOE, de organizaciones sociales y de distintos sectores políticos es a reforzar las medidas de seguridad en las regiones con mayores niveles de riesgo y a garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni intimidaciones. La principal preocupación es evitar que el miedo, la violencia o la influencia de actores armados terminen condicionando una de las decisiones democráticas más importantes para el futuro del país.