Reclusos condenados serán trasladados a otras cárceles del país
La grave crisis de hacinamiento que enfrenta el sistema carcelario en el Cesar obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes para reducir la sobreocupación en los centros de detención transitoria de Valledupar. En una mesa técnica de alto nivel convocada por la Procuraduría General de la Nación, se acordó avanzar en el traslado de personas privadas de la libertad con condenas en firme hacia establecimientos penitenciarios de otros departamentos del país.
En la reunión participaron representantes de la Procuraduría, la Alcaldía de Valledupar, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y otras entidades relacionadas con el sistema penitenciario, quienes analizaron el crítico panorama que atraviesan la URI y la Permanente Central, lugares que actualmente superan ampliamente su capacidad instalada.
Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, aseguró que el hacinamiento no solo representa una vulneración de derechos humanos para los detenidos, sino también un riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana. La situación se ha agravado por el represamiento judicial y la permanencia de internos en espacios que fueron diseñados únicamente para detenciones temporales.
Informó que como una de las principales estrategias para aliviar la crisis, se determinó coordinar el traslado de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) cuya situación jurídica ya fue resuelta y que son requeridas en otros centros penitenciarios del país. La medida busca liberar cupos en las salas transitorias de detención y evitar un mayor colapso institucional.
De igual manera, durante la mesa técnica se planteó la posibilidad de estructurar y firmar nuevos convenios interinstitucionales con el INPEC, con el propósito de habilitar traslados estratégicos y fortalecer la capacidad operativa del sistema penitenciario en el departamento.
La crisis carcelaria en el Cesar se ha convertido en una preocupación recurrente para las autoridades judiciales y organismos de control. En repetidas ocasiones se han denunciado condiciones de hacinamiento extremo, deficiencias sanitarias y limitaciones logísticas en los centros de detención de Valledupar, situación que también afecta el trabajo de la Policía y la administración de justicia.
ALERTA DE LA DEFENSORÍA
En una serie de visitas de inspección de derechos y verificación de detención, como parte del seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional (ECI), en los Centros de Detención Transitoria (CDT) y Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) en el Sistema Penitenciario y Carcelario, la Defensoría del Pueblo evidenció la persistencia de vulneraciones y violaciones de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (PPL) que están consignadas en el ‘Informe de contraste al XIX informe del Gobierno nacional sobre el estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario’.
La entidad encontró, en su trabajo hecho en el segundo semestre del 2025, que persisten fallas estructurales que afectan a los centros de reclusión del orden nacional, como la infraestructura antigua y obsoleta, quejas constantes en la alimentación, hacinamiento penitenciario desbordado y afectaciones en la resocialización de las mujeres privadas de la libertad.
Asimismo, preocupa la situación de los municipios y departamentos, pues incumplen su competencia legal sobre la población sindicada, lo que ha generado fenómenos de vulneración de derechos en el Sistema.
En términos de alimentación, solamente el 20 % de los municipios subsidiados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) presentó planes para asumir el servicio de alimentación. En infraestructura, persiste el hacinamiento en estaciones de Policía, ya que los entes territoriales no han adecuado espacios temporales ni construido cárceles para sindicados.