La ´parranda´ vallenata la trasladan a Bogotá
Los cabecillas de las bandas criminales de Medellín que participaron del ´tarimazo de la Alpujarra´, y de la ´parranda vallenata´, serán llevados a la cárcel La Picota de Bogotá.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, informó que el Gobierno inició el procedimiento administrativo para trasladar a cárceles de Bogotá a los reclusos vinculados a la mesa de paz urbana que protagonizaron una fiesta irregular en la cárcel de Itagüí.
El proceso requiere de una petición formal de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para determinar los pabellones disponibles y coordinar el movimiento con la Policía.
El jefe de la cartera de Justicia detalló la ruta jurídica y operativa que se seguirá para cumplir la instrucción presidencial de retirar a estas personas del centro penitenciario de Antioquia.
«La directriz del Presidente es pensar en el traslado de estas personas que están en la mesa de negociación socio-jurídica. ¿Qué sigue ahora? Que la oficina del Alto Comisionado elabore la petición formal y establezca como el grado de estas personas que formalmente, por ejemplo, cada uno está asignado a distintas prisiones y que fueron remitidos allá», explicó el Ministro.
Según el alto funcionario, una vez recibida la solicitud, el Inpec debe informar «cuáles son los pabellones o cuáles son los centros carcelarios que están disponibles» para tomar la decisión final del traslado, cuya ejecución será coordinada por el instituto carcelario y la Policía.
Tras la denuncia de la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, sobre la presencia del cantante Nelson Velásquez y el ingreso de licor al pabellón de alta seguridad el pasado 1 de abril, el Gobierno ejecutó cambios en la administración del centro penitenciario.
«Se han iniciado todas las investigaciones disciplinarias, se removió el director, el comandante de guardia, se iniciaron procesos disciplinarios contra varios dragonantes de la guardia penitenciaria, la fiscalía ya asumió control del tema, la procuraduría también está haciendo lo propio, el director regional del INPEC, el doctor González, asumió el control del penal», señaló Cuervo.
Insistió en el rechazo a estos eventos, que calificó como fallas en los filtros de seguridad: «Yo, una vez más, aprovecho la oportunidad de nuevo para ofrecer excusas al país, este tipo de cosas no pueden pasar ni en los centros carcelarios, ni mucho menos en centros carcelarios donde estén representantes de los procesos de negociación».
El escándalo, que será objeto de un debate de control político en la Cámara de Representantes citado por el congresista Hernán Cadavid, provocó la suspensión inmediata de la interlocución con los voceros de las estructuras criminales del Valle de Aburrá.
«Como ustedes lo saben, este proceso se suspendió y la idea del Gobierno y de la oficina del Alto Comisionado es que, si se retoman, tiene que haber unas garantías muy fuertes y muy claras de que este tipo de cosas no vuelvan a pasar», sentenció el ministro.
Cuervo enfatizó que es necesario evitar que «los beneficios que se dan muchas veces para facilitar los procesos de negociación no se transformen en este caso», en referencia al uso de los regímenes especiales de visita para el ingreso de elementos prohibidos y artistas al penal.