A estas alturas del año parece clara la desaceleración de la economía. No en cifras dramáticas, pero sí en relación con la dinámica que se traía del año anterior.  Que podía no ser especialmente sobresaliente, sin embargo, daba para pensar que 2026 tendría mejor desempeño.

No es de extrañar, pues, la reducción de las expectativas. La contracción que se observa en varios sectores, acorde con los índices mensuales de seguimiento económico, así la confirman para este primer trimestre. En ese sentido, proyectar el crecimiento para 2026 entre 2.3% y 2.9%, según hacen algunos analistas y centros de pensamiento, es un margen excesivamente dilatado, que no permite evaluar con tino y suficiencia el escenario de la economía nacional y su desenvolvimiento real. Mucho menos, claro está, cuando cualquier décima hacia arriba o abajo resulta, por mínima, determinante en el panorama exiguo y acomodaticio al que nos hemos acostumbrado.

Porque a nadie escapa que la economía colombiana podría tener una mejor perspectiva si se entendiera, en las altas esferas gubernamentales, que sus posibilidades son mucho mayores a las de estos últimos años. Contentarse con un incremento económico promedio anual del 1.7%, desde 2022, es un posicionamiento frágil. Que cuando menos indica una mentalidad menesterosa. A distancias de la voluntad política que se requiere para abandonar el ámbito mediocre y autocomplaciente descrito.

Probablemente, el resultado tampoco sería un dato para lanzar las campanas al vuelo. Pero sin duda permitiría tener una aproximación diferente a la mezquindad de pensar, por ejemplo, que el pleno empleo, aspiración central del Estado social y democrático de Derecho, además a tono con el marco constitucional económico que nos rige, puede conseguirse a partir de los rubros que, en estos tres años, como también el trimestre en mención, ha llevado al vertiginoso ascenso del llamado “trabajo por cuenta propia”, sin las garantías formales debidas.

Mucho menos, desde luego, nadie podrá darse por satisfecho, en general, con el aumento de la informalidad laboral. Como si aquella no implicara un denigrante factor divisivo que, a ojos vista y a sabiendas, profundiza la desigualdad social. Porque precisamente, aparte del daño irreparable que infiere la violencia rampante al dividir al país entre quienes merecen seguridad y cobertura institucionales y los millones que no, abandonados a su propia suerte en campos y veredas, el componente pecaminoso que se mantiene arriba entre tantos, y en los cuales el país se sigue rajando de lejos en los registros internacionales (índice de Gini), es el injusto desequilibrio de los medios laborales. Por lo cual, para que haya igualdad de oportunidades, míresele por donde se le mire, el antídoto es el crecimiento económico.

Por supuesto, también escenario negativo es el desenvolvimiento de la economía, además, incidida por una inflación persistente. Como en este año ya es más notorio el fenómeno. Hoy, cuando el Banco de la República anunciará la estadística de marzo, se confirmará cuán lejos se está del rango meta, confirmando la espiral de la carestía. Que, en particular, ataca el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos y se lleva por delante el estipendio, por más incremento del salario mínimo que se disponga. Y que, así, se vuelve espejismo a vuelta de la esquina. Para lo que, como se sabe y cuando esto sucede, el doloroso remedio es el alza de los intereses crediticios, en procura de contraer el flujo monetario y aminorar los precios. So pena del arrasamiento salarial antedicho, entre otras.

El gobierno, por el contrario, sostiene que mantener la meta del 2-4% de inflación es un mero capricho de tecnócratas. En el torpedeo contra las decisiones del Emisor, quisiera, al contrario, abolir ese límite sensato y pasarse a otros rangos que, al mismo tiempo de unas tasas de interés a su gusto, permitirían la inflación desenfrenada que vivió el país antes de 1991. La peor política posible, cuando se trata de una economía sana.

Mal se haría, entonces, aceptar esa ruta de una reactivación económica ficticia. El punto, frente a ello, es que el país prospera a costa de una presión fiscal insostenible, fruto por una parte del endeudamiento externo que se ha desbordado y, de otra, del desmedido gasto estatal frente a las realidades presupuestales. En tanto, la figura de la emergencia económica, por demás extraordinaria según su mismo nombre lo establece, se ha vuelto expediente rutinario y propio del léxico gubernamental que suele explayarse a la topa tolondra.

Adicionalmente, la pérdida de impulso del gasto público -consecuencia de un déficit asfixiante de las finanzas-; el consumo incierto; el entorno mundial convulsivo; la insólita barrena de una empresa estratégica como Ecopetrol; el clima electoral del país desde hace ya tiempo enrarecido; el anuncio de un fenómeno del Niño agravado, para el segundo semestre, son elementos que pesan en la futurología económica de este 2026. Y que dependerá, en no poca medida, de lo que ocurra con los imponderables de ese nuevo producto del top colombiano: las remesas.

Visto todo lo anterior, así es como andamos… En arenas movedizas y a marchas forzadas.