¿Colombia, potencia mundial de la vida, o de las masacres?
Los colombianos somos testigos de excepción del indeclinable camino de la violencia. Nos vendieron como el país potencia de la vida, pero se les olvidó agregarles, del crimen, la violencia sistemática y de la impunidad. La campaña al comienzo causó mucho ruido y pocas nueces. Hoy se ha desmoronado por completo.
Un dato verdaderamente dramático, que en la misma medida debería suscitar el mayor interés, es el publicado en estos días por Indepaz, según el cual en el primer trimestre de 2026 se elevó el índice de masacres, de hecho, superando en 19 casos el registro del año anterior en el mismo lapso.
No obstante, el país ha llegado a tal grado de ensimismamiento, de bloqueo mental defensivo frente a la violencia, que ya nada conmueve. Ni el hecho de que una masacre se defina como el asesinato de tres personas y que se supere el pico de hace cuatro años.
Será, ciertamente, porque la ciudadanía ha dado por perdida la batalla por el orden púbico o porque ineluctablemente se considera a la violencia como parte del devenir nacional, sin redención alguna a la vista. En cualquiera caso, parecería que el fenómeno violento se ha normalizado. A tal punto que muchos otros eventos, por lo general de menor trascendencia, prevalecen en la sociedad.
Incluso esos tan socorridos, desde algún meme que por ahí circule en las redes electrónicas hasta las vicisitudes anodinas de una “famosa o famoso”. O si mucho tiene que referirse, en las grandes ciudades, a algún atraco o incidentes similares que afecten a la comunidad de forma directa o impacte la seguridad ciudadana más próxima.
El rubro de masacres, no obstante, presenta un indicador de casi el cuádruple de las estadísticas emitidas en 2018, para el mismo período, cuando se retomó una curva ascendente hasta llegar a 31 matanzas en 2022 y que luego decayeron a la cifra de 16, en 2025. Lo que, a juzgar por lo sucedido en el primer trimestre de este año, quiere decir que de nuevo se han desdoblado y de forma vertiginosa.
Caso patético, por supuesto, el de un país que debe discriminar las masacres por tipo, pues todas no obedecen a la misma situación y entrañan desde feminicidios colectivos a ajustes de cuentas. Pero en todo caso, en su mayoría, son indicativas de lo que ocurre en los territorios, en relación con los llamados corredores estratégicos del narcotráfico, las condiciones de la minería criminal, el abigeato, la trata de blancas, el contrabando de madera y de especies, la permanente cooptación de las autoridades municipales y en general todo lo concerniente a los enclaves en que prevalecen los ejércitos irregulares, señalando su dominio en centenares de municipios del país, acorde con lo dicho por entidades como la Defensoría del Pueblo.
Por eso, no es gran cosa decir que el ascenso de las matanzas puede obedecer al posicionamiento que estos ejércitos irregulares pretenden aprovechar con miras a quedar mejor situados frente al próximo gobierno y que por lo mismo tengan especial incidencia en época electoral. Como están las cosas parecería apenas una obviedad decirlo. Ya de antemano la ONU había advertido hace un par de años, en los informes de los cultivos ilícitos (por lo demás últimamente desconocidos por la opinión pública), que en el país hay cerca de una decena y media de enclaves criminales consolidados, al mismo tiempo que desde entonces ya se podía vislumbrar el desdoblamiento hoy en curso. Y para lo cual, aparte del afianzamiento en el ámbito ya dominado, también se recurre al infame método aludido en aras de proyectarse sobre otras regiones.
Nos referimos a las masacres, en particular, porque devela la sevicia con que se procede. Pero de ninguna manera es factible dejar de lado el hecho de que en Colombia se registre un promedio aproximado de 13.550 homicidios anuales, no pocos en conexión con el crimen organizado, lo que expone el nivel de violencia en que se desenvuelve el país. Advertirlo, sin embargo, también suele ser motivo de oídos sordos, ya que la anestesia mencionada es tan definitiva que, de antemano, se sabe que ese acumulado no producirá sorpresa alguna.
Fuere lo que sea, en una nación que concentra el 68 % de la oferta mundial de cocaína; donde el negocio prospera a razón de haber llegado los cultivos ilícitos a 300.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, como si fueran tallos normales; donde es evidente la reacción cuando menos mediocre y complaciente del Estado; donde en muchas partes los ciudadanos apenas sobreviven sin ley y justicia que los ampare; es decir, en un escenario así, es dolorosamente lógico que la violencia prospere a la orden del día.
Todo lo cual no significa que las cosas no deban cambiar. Y por eso Colombia debe salir del letargo para exigir, en esta campaña presidencial, una política de seguridad fehaciente, con todos sus compromisos, cronogramas y las metas adecuadas. Pero nada se escucha. Y así es difícil cumplir con el anhelo de ser un país diferente en tan escabrosa materia y que por fin el término masacre quede proscrito del idioma habitual. Pero, sí, hay que admitirlo: nada se escucha… Todos los días la misma palabrería y, como solía decirse, de aquello nada.