El Congreso, escenario natural de la democracia
Toda democracia en el mundo tiene un escenario natural donde se controvierten las posturas políticas y se constituye en el escenario natural para las ideas. Ese escenario es el Congreso, en otras partes cambia de nombre y le llaman Asamblea Nacional, pero sin perder su esencia.
Por eso llama la atención el llamado que hizo uno de los candidatos presidenciales en torno a que el Congreso no se convierta en un escenario más de la campaña presidencial. Ello deja un tufillo dictatorial. En primer lugar, porque el hemiciclo es, de lejos, el órgano de discusión política por naturaleza. De hecho, el término Parlamento tiene su origen etimológico en el antiguo vocablo francés “parlement”, que a su vez se deriva de verbo “parler”, referido a “hablar”. Otras definiciones lo relacionan con el concepto del latín “parabolare”, cuya significación por contexto interpretativo es “hablar”, «conversar» o “discutir” en reuniones o asambleas. Visto lo anterior, resulta antinatural la solicitud del aspirante presidencial gobiernista, como bien lo pusieron de presente muchos voceros de la oposición, en cabeza de la senadora activa y candidata presidencial del bloque de la centroderecha, Paloma Valencia.
Por el contrario, dada la inclinación de ese candidato presidencial a esquivar los debates públicos que han citado los medios de comunicación, gremios y otras instancias con el fin de conocer las propuestas políticas, económicas, sociales e institucionales de quienes aspiran a la Casa de Nariño y evaluar su capacidad para defender sus posturas y replicar aquellas de sus rivales con las que no están de acuerdo, resulta útil para la opinión pública que esa medición se pueda registrar en las sesiones de las comisiones y plenarias del Senado y la Cámara.
Por otro lado, es innegable que el Gobierno tiene en tránsito parlamentario muchos temas que son centrales de la contienda presidencial, como el intento de revivir la hundida reforma al sistema de salud, la reglamentación de la jurisdicción agraria y rural, el proyecto de ley de competencias fiscales, los ajustes a la legislación de servicios públicos o un nuevo marco regulatorio para los procesos de paz, entre muchos otros asuntos relacionados con políticas públicas que han dado lugar a fuertes discusiones entre las bancadas petristas y antigobiernistas.
También será vital de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales que Cepeda y Valencia, que hacen parte del triplete de nombres que encabezan las encuestas, pongan sobre la mesa sus criterios en los múltiples debates de control político citados sobre temas de coyuntura, como los estados de emergencia económica declarados por este gobierno, la cascada de impuestos derivada, el agravamiento de la crisis fiscal y el disparo de la deuda, así como los escándalos de corrupción oficial, la implosión del modelo de aseguramiento y atención médica, la abierta e ilegal intervención gubernamental en la campaña proselitista, los bandazos en la política externa o el deterioro grave de la situación de seguridad y orden público…
Acaso se le olvida al Pacto Histórico y sus afines que son precisamente ellos los que están impulsando una iniciativa para convocar una asamblea nacional constituyente que busca, principalmente, saltarse las facultades constitucionales y la autonomía de un Congreso que ha frenado, como es su competencia, muchos proyectos de ley y acto legislativo oficiales lesivos para el país y su institucionalidad. Ante semejante intención, el Parlamento no se puede quedar inmovilizado y, por el contrario, debe cumplir con su rol al cien por ciento, ya que así se derrota la desgastada narrativa izquierdista de un presunto «bloqueo institucional», término acuñado por las facciones petristas como excusa cada vez que el Legislativo o el Poder Judicial ejercen sus funciones y atajan la recurrente deriva autoritaria, demagógica y populista de la actual administración.
Es más, debe traerse a colación que es en el Congreso en donde tienen asiento los senadores y representantes de los partidos Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical y de la Alianza Verde, colectividades que no tienen candidato presidencial propio y están en el proceso de escoger a cuál de los que ya están en carrera adhieren. Difícil encontrar un mejor termómetro para esa definición que la posibilidad de que dos de los principales aspirantes a la Casa de Nariño emulen tesis y planteamientos frente a todos ellos.
Con el país ad portas de una elección crucial para su futuro, en la cual estará en juego la vigencia misma de la institucionalidad y el Estado social de derecho, muchos escenarios son aptos para el ejercicio de la democracia y el impulso al voto informado. El Congreso debe estar a la cabeza de ello, sobre todo cuando uno de los candidatos esquiva debatir en otras instancias e incluso cuando habla en plaza pública se ciñe a discursos escritos que no dan rango a réplicas ni interacción. Los aspirantes presidenciales deben parlamentar y no rehuir la deliberación.