Camino a otra crisis invernal
El arranque del año ha estado pasado por agua. Condiciones climáticas atípicas producidas por fenómenos de alta variabilidad, que han afectado duramente al hemisferio occidental, generando incluso varios frentes fríos que han golpeado a la región norte de nuestra nación, evidencian que este 2026 se está convirtiendo desde ya en un reto para el Sistema Nacional de Prevención de Emergencias y Desastres.
Los informes meteorológicos sobre lo ocurrido en el primer bimestre confirman que en varias regiones los volúmenes de lluvias han estado por encima de los promedios históricos, en algunos casos con diferencias muy sustanciales. No en vano el Gobierno declaró en la segunda semana de febrero un estado de emergencia económica, social y ambiental por la crisis invernal en Córdoba y siete departamentos más, cuya exequibilidad se encuentra en estos momentos bajo la lupa de la Corte Constitucional que, para determinar si se trató de una situación sobreviniente o es un episodio más de la variabilidad climática periódica en nuestro país, ya ofició a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el IDEAM, varios ministerios y gobiernos seccionales y locales con el fin de establecer si este ciclo de precipitaciones que generó múltiples inundaciones y pérdidas era previsible o no.
Sin embargo, más allá del dictamen constitucional sobre este estado de emergencia, al amparo del cual el Gobierno dictó un controvertido decreto que establece tasas tributarias extraordinarias por más de 8,1 billones de pesos, varios expertos han señalado que el reto en estos momentos no solo es asistir a los damnificados de Córdoba y las demás regiones, sino también alistar un plan de choque ante la posibilidad de que en el segundo trimestre se presente una emergencia aún mayor por cuenta del impacto de la primera temporada invernal del año, que debe estar arrancando a finales de este mes o comienzos del próximo.
Uno de los asuntos que más preocupa tiene que ver con el alto nivel que hoy tienen varios embalses en distintas zonas del país, cuya capacidad de almacenamiento de agua está por encima de los niveles que tradicionalmente se registran en esta época. Esa circunstancia ya está prendiendo algunas alertas tempranas en torno al riesgo que puede significar que, una vez arranquen en forma las lluvias estacionales, se avance rápidamente hacia las cotas máximas de esas represas, lo que llevaría a contemplar la eventualidad de tener que desembalsar grandes cantidades del recurso hídrico. Esto, como es apenas obvio, tendría como consecuencia un incremento del riesgo de inundaciones por el aumento del cauce de varios de los principales afluentes del país.
Ya varios gobernadores y expertos en materia hidroeléctrica han prendido las alarmas al respecto y urgido al Gobierno nacional, los gremios sectoriales y a la Unidad de Gestión del Riesgo para que se estudie el tema con urgencia con el fin de alistarse para enfrentar una situación que podría ser más grave que la ocurrida en Córdoba, por ejemplo, en donde la crisis invernal del mes pasado generó más de 120.000 damnificados y más de 150 mil hectáreas anegadas, al igual que centenares de casas afectadas y daños millonarios en materia de cultivos perdidos y reses ahogadas, entre otros coletazos a la agroindustria.
Es urgente, por tanto, una coordinación efectiva entre el Ejecutivo nacional y los mandatarios seccionales y locales. Lamentablemente, esa interacción funcional en materia de reacción y atención integral frente a tragedias naturales ha sido muy complicada en los últimos tres años, debido no solo a los cortocircuitos entre la Casa de Nariño y no pocos titulares departamentales, municipales y de capitales, sino por el rifirrafe en torno a quién pone los presupuestos para enfrentar estas emergencias.
Incluso, como lo publicamos días atrás, ya existe insatisfacción entre los gobernadores cobijados por el estado de emergencia económica declarado en febrero, varios de los cuales han llamado la atención sobre que no se ve un plan claro para establecer un censo realista y actualizado de las afectaciones y las inversiones requeridas para superarlas.
Si bien es cierto que el país se encuentra imbuido en la campaña electoral, es imperativo que se haga un análisis amplio y objetivo sobre los niveles de riesgo que podría implicar la primera temporada invernal que comenzará en las próximas semanas. Si no se atienden las alertas tempranas, podríamos estar rumbo a una emergencia muy superior a la del mes pasado, con todo lo que ello implica en materia de riesgo para las vidas humanas, la economía, la infraestructura y otros sectores que cada vez son más vulnerables a las contingencias climáticas.