Lo delicado de las finanzas nacionales
La economía colombiana sigue dando tumbos. La crisis fiscal es de tal magnitud que la credibilidad sobre los escenarios positivos que pinta el Gobierno en la materia es cada día menor, al punto que está haciendo carrera la conocida frase de que “el papel aguanta todo”.
Cada vez es más evidente que las complejas interpretaciones de la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda sobre las cifras macro y micro son producto de una improvisada alquimia económica que riñe con la realidad y responde más a criterios huidizos, ideologizados y acomodaticios que no resisten un análisis ponderado y serio.
Esta característica ha quedado patente en las réplicas objetivas y fundadas a las controvertidas tesis del Ejecutivo sobre el presunto nulo efecto inflacionario, en desempleo y tasas de interés del desmesurado aumento del salario mínimo; también en las intrincadas explicaciones oficiales en torno a que el consumo, y no la inversión o la fortaleza productiva, es el factor que mueve el aparato económico; igualmente en los arrevesados fundamentos -ya puestos en duda por la Corte Constitucional- para sustentar la declaratoria de estado de emergencia económica en diciembre pasado con el fin de atajar la crisis fiscal.
Y qué decir de los laberínticos argumentos presidenciales y ministeriales para tratar de convertir un magro crecimiento del PIB de 2,6 % el año pasado en una noticia sustancialmente positiva. O la ya desgastada excusa de echarle la culpa del disparo de la deuda pública al anterior gobierno, señalar injustamente al Banco de la República por la ortodoxia eficaz de sus políticas monetarias o el tratar de validar como potables las pérdidas billonarias que en los últimos tres años ha sufrido Ecopetrol por los bandazos en la lesiva estrategia minero-energética…
Como se dijo, tratar de convertir las frías y duras cifras económicas en lo que no son ni implican, termina siendo una tarea inútil. Y esa óptica, precisamente, es lo que debe tenerse en cuenta frente a cómo reaccionará el Ejecutivo a las alarmantes conclusiones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) en torno al crítico escenario de 2025 y las preocupaciones sobre lo que podría pasar en este año.
El panorama se puede resumir en cinco puntos básicos. En primer lugar, en 2025 el balance primario (que es el desequilibrio entre ingresos y gastos, excepto el componente de intereses) fue de 3,5 % del PIB, el más alto de los últimos treinta años excluyendo periodos de crisis macroeconómica. En segundo término, el deterioro fiscal tuvo relación directa con una sobrestimación de ingresos y subestimación de gastos. De otro lado, si bien las operaciones de manejo de deuda el año pasado redujeron su monto neto y el déficit fiscal total, su impacto será temporal, ya que ahora el esfuerzo para estabilizarla en los niveles actuales y con miras a retornar al cumplimiento de la Regla Fiscal será mayor ya que aumentó el desequilibrio fiscal estructural.
En cuarto lugar, la estrategia para controlar el desbalance de las finanzas públicas del Gobierno nacional central este año, que debería llevar -en el papel- a reducir el déficit primario a 2,1 % es, según la CARF, “poco probable”. Y, finalmente, se proyecta un hueco fiscal de 31,1 billones de pesos. Este faltante, como lo han advertido exministros, analistas y centros de estudios, el Gobierno lo quiere sufragar en parte con una cascada de impuestos al amparo de los estados de emergencia económica, el primero de los cuales ya se suspendió en la Corte Constitucional, mientras el segundo -soportado en la crisis invernal en Córdoba y otros departamentos- no se sabe qué suerte corra en el Alto Tribunal.
Así las cosas, el campanazo de la CARF es directo y contundente: no existiendo medidas efectivas para incrementar ingresos o recortar el gasto, la deuda retomaría una tendencia creciente, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el retorno a la Regla Fiscal y la estabilidad macroeconómica como un todo.
Habrá que ver cuál será ahora la respuesta de la Casa de Nariño a este preocupante diagnóstico sobre la crisis fiscal y el recalentamiento de la economía. Los cálculos del Comité son precisos y objetivos. Concuerdan, además, con alertas lanzadas por firmas calificadoras de riesgo, entes multilaterales, Emisor, Contraloría y otras fuentes. Tratar de evadir el peso demoledor de este dictamen con tesis forzadas y conceptos acomodaticios puede que ayude al Ejecutivo, más aún en la antesala electoral, a envolver a los partidarios e incautos, pero no al grueso de la opinión pública, gremios, academia, expertos y sectores serios y ponderados.