El auge de los narcocultivos, refleja el fracaso antidrogas

No se sabe qué termina siendo lo más grave del último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano independiente cuasijudicial encargado de promover y verificar el cumplimiento por parte de los gobiernos de los tres tratados globales sobre la materia.

Uno de los flancos más preocupantes son las denuncias en torno a que existe un cambiante panorama del tráfico de drogas en línea que entraña altos desafíos para las autoridades. De hecho, el reporte advierte que hay un aumento de la disponibilidad de estupefacientes en internet, no solo a través de la llamada “red oscura”, sino también de las redes sociales lícitas y plataformas digitales de comercio electrónico. Lo más grave es que cada día hay métodos de cifrado, mecanismos de navegación anónima y negocios en criptomonedas más complejos de rastrear. Incluso, se habla del riesgo de las “farmacias ilegales” en línea que están incrementando el consumo de drogas con fines no médicos.

No menos complicadas son las problemáticas en el acceso a medicamentos para el tratamiento del dolor, como la morfina y otras sustancias controladas, cuya demanda aumentó en 2023 por los desastres naturales y las emergencias relacionadas con el cambio climático y los conflictos armados.

Persiste, igualmente, la crisis de los opioides en América del Norte, donde el número de muertes relacionadas con el consumo de estos -sobre todo de origen sintético- siguió aumentando y superó las 70.000 en 2021.

Otro frente a analizar del informe de la JIFE tiene que ver con las “novedades en cuanto a la oferta de drogas ilícitas”, un asunto que impacta directamente a Colombia. Hay algunos contrastes que deben tenerse en cuenta frente al rol de nuestro país como principal productor mundial de cocaína. Por ejemplo, se citan casos positivos como el de Afganistán, en donde el cultivo de amapola y la producción de heroína disminuyeron drásticamente.

Por el contrario, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas siguen ampliando sus operaciones en la cuenca del Amazonas, con el agravante de que ahora se extienden a otros delitos como minería ilegal, tala de árboles y tráfico de fauna y flora silvestres, todos flagelos presentes en nuestro país.

Lo más alarmante de este reporte es la advertencia sobre que “en Colombia y Perú se registraron niveles sin precedentes de cultivo ilícito de arbusto de coca, con un aumento del 13 % y el 18 %, respectivamente”.

Ese auge de narcocultivos en nuestro país no es ninguna sorpresa. Ya la ONU había señalado que en 2023 el área sembrada con coca en Colombia aumentó en 10 % (llegando a 252 mil hectáreas) y la producción potencial de cocaína subió un 53%, trepándose a 2.664 toneladas métricas. Como se sabe, los datos de 2024 no se pudieron conocer por los peros que el gobierno Petro le puso a la metodología y cálculos del informe periódico del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que por muchos años ha publicado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Si bien al final el informe Simci no pudo revelarse por las críticas gubernamentales, sí trascendió que en el mismo se indicaba que la extensión de cultivos de hoja de coca había crecido en Colombia más del 3 % en 2024, llegando a 261 mil hectáreas, mientras que el potencial de producción de cocaína se disparó a las 3.001 toneladas, un récord muy preocupante.

Tanto la oposición como los expertos son claros en que la estrategia antidroga del gobierno Petro ha sido un completo fracaso, no solo por la controvertida decisión de haber reducido a su mínima expresión la erradicación forzosa de narcocultivos, sino porque la deficiente política de seguridad y orden público y la aún más accidentada e improductiva implementación de la ‘paz total’ le permitieron al Eln, los grupos residuales de las Farc, así como a los carteles del narcotráfico y bandas criminales de alto espectro como el Clan del Golfo, fortalecerse militarmente y ampliar su dominio a sangre y fuego en los principales enclaves del narcotráfico en todo el país.

Las cifras, frías y duras, no mienten. Este Gobierno se rajó en la lucha antidroga. Incluso, el récord en incautación de cocaína que enarbola para demostrar lo contrario, lo único que refleja es el auge cocalero. La tardía decisión ahora de retomar la erradicación forzada es claramente un tema obligado por Estados Unidos y su nueva estrategia contra el narcotráfico en todo el continente. Negarlo sería de suprema ingenuidad.