Defensoría advierte persistencia de riesgos electorales en el Cesar
La Defensoría del Pueblo alertó que en el departamento del Cesar persisten factores de riesgo que podrían afectar la libre participación ciudadana en las elecciones de 2026, según el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025 presentado por la entidad.
El documento, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas, señala que el escenario de amenaza continúa vigente en varias regiones del país, incluida la región Caribe, donde se han identificado dinámicas de control social y territorial ejercidas por estructuras armadas ilegales que inciden en el desarrollo de las campañas políticas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó que la principal preocupación no radica en la realización de la jornada electoral, sino en las condiciones de libertad y garantías para los votantes y actores políticos.
El informe concluye que la respuesta del Estado frente a las recomendaciones emitidas ha sido limitada. De las once medidas planteadas para mitigar riesgos, el cumplimiento global alcanza el 42 %, lo que evidencia, según la entidad, la necesidad de fortalecer acciones preventivas y de articulación institucional.
En materia de prevención y protección, el nivel de avance fue del 52 %, mientras que en investigación y acceso a la justicia llegó al 55 %. En acciones de la Fuerza Pública para disuadir amenazas se reportó un 65 %, y en articulación interinstitucional apenas un 29 %.
RIESGOS EN LA REGIÓN CARIBE
La Defensoría advirtió que la coacción electoral se mantiene con mayor intensidad en la región Caribe, de la cual hace parte el Cesar, mediante prácticas como amenazas, restricciones a la movilidad y presiones sobre comunidades y candidatos.
Según el organismo, estas situaciones pueden derivar en escenarios donde, aunque se realicen las votaciones, la voluntad del elector se vea condicionada por factores de intimidación o control territorial.
La coacción electoral se manifiesta con fuerza en las macrorregiones Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia), Noroccidente (Antioquia, Córdoba y Chocó) y Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), a través de amenazas, restricciones a la movilidad y la imposición de ‘normas de conducta’ que distorsionan la libertad del elector.
Ante este panorama, la entidad reiteró el llamado a las autoridades nacionales y locales para reforzar las medidas de prevención y garantizar condiciones de transparencia, seguridad y participación libre en el proceso electoral.