Corrupción sin techo
El más reciente índice de corrupción publicado por Transparencia Internacional ubica a Colombia en su peor posición histórica. Retrocedimos 12 puestos y ahora estamos muy por debajo de la media latinoamericana, lo que era un escenario previsible con el pésimo pacto histórico que nos gobierna.
El promedio regional alcanzó en su última evaluación una media de 42/100 y estamos en 37/100, ubicándonos entre los 12 países con el mayor empeoramiento desde 2012, muy distantes de los mejores desempeños, Canadá (75), Uruguay (73) y Chile (63), y apenas por encima de Argentina (36), Brasil (35), Ecuador (33) y Panamá (33).
Realmente esta mala calificación para Colombia es antecedida a una serie de circunstancias acumuladas y negativas protagonizadas por el Ejecutivo, esencialmente. Y comenzaron no solo desde el financiamiento ilícito de las campaña política del partido de gobierno con dineros del contrabando, sino también, a causa de haber debilitado y desviado el débil músculo que le quedaba a las pocas instituciones comprometidas en la lucha contra la corrupción. Ahora pareciera que el interés sistemático y en época electoral, es obstruir y entorpecer las investigaciones que desde la Fiscalía, la Dijin y la Dipol adelantan contra este grave fenómeno y que afectan a alfiles y familiares del Presidente. Se auspicia por el contrario y se presiona el sometimiento a intereses personalísimos de entidades claves en esta tarea como la Secretaría de Transparencia, la Uiaf y la acabada y cooptada por el M-19, DNI.
Según el Global Financial Integrity (2025), los países con mayores niveles de corrupción suelen presentar altos riesgos en lavado de activos, porque al final se trata de una economía ilícita que está incrustada en el ADN de la institucionalidad, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela (10), Haití (16) y Nicaragua (14) y con un patrón similar en Guatemala, El Salvador y México. Colombia con la tendencia que registra la investigación de Transparencia Internacional en la próxima medición romperá el techo. No podríamos quedar en el peor escenario.
Transparencia Colombia ha indicado que la conexión es visible en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando, todas estas economías ilícitas que no solo generan violencia, sino que influyen en decisiones públicas, contratación estatal y flujos económicos en territorios con débil presencia institucional. Tienen el poder además de imponer funcionarios corruptos en cargos de alto riesgo en la justicia, las aduanas y la Policía.
La persistencia de escándalos en el alto gobierno y la ausencia de una política anticorrupción efectiva y sostenida ha profundizado el escepticismo. Según Invamer (junio 2025), el 83% de los encuestados considera que la corrupción está empeorando, frente al 60% en agosto de 2022. Esto evidencia no solo un problema institucional, sino también una crisis de legitimidad y confianza pública (Transparencia Colombia, 2025).
Pero el último año de gobierno ha sido un verdadero desastre. Pareciera que no solo fuera intencional debilitar a las Instituciones que luchan contra la corrupción, sino que se buscara utilizarlas de instrumento para justificar los fracasos, el inexistente liderazgo ético y pragmático, y lo más grave, la crónica corrupción que lo carcome como es el caso de la Ungrd y las inundaciones en Córdoba.
Desde el Ejecutivo se obstruyen y sabotean las investigaciones contra las cabezas del contrabando, pues pese a una solicitud explícita de la fiscal del caso contra Diego Marín Buitrago alias “Papá Pitufo” y alias “El Bendecido”, los oficiales e investigadores que por varios años han logrado recaudar importante material probatorio en estos procesos y que tienen ad portas de sentencia condenatoria a estos criminales, han sido retirados, trasladados y apartados de las investigaciones.
Esta semana, para citar algunos de los casos, le fue suspendida la comisión de estudios en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, al CR. Jorge Mora, exjefe de Interpol y de la Unidad Anticorrupción de la Dijin, uno de los oficiales insignes reconocido por su transparencia y lucha contra la corrupción y que acaba de ser condecorado por Estados Unidos por sus logros en esta materia. Y para rematar, resulta inaudito y seriamente irresponsable las falsas acusaciones, con tufillo retaliatorio, contra el general Edwin Urrego, oficial impoluto, quizá el más examinado por agencias europeas y americanas para el cumplimiento de misiones muy sensibles vinculadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. ¡Increíble!
*Exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera