2025, un año turbio, de violencia, corrupción, y antiantidemocracia

El año 2025, en Colombia, representó un período oscuro y complicado. Oscuro porque a raíz del magnicidio de Miguel Uribe Turbay el país sintió el trágico cimbronazo de regresar, de modo intempestivo, a las tenebrosas épocas del narcoterrorismo de los años ochenta y noventa del siglo pasado.

Pero, además, porque en la trayectoria de estos doce meses fue un hecho cumplido que se retornó a las etapas del dominio territorial por parte de la criminalidad, es decir, la misma anarquía de hace unas décadas y que se creía superada. Dicho de otro modo, la ratificación, advertida hace no mucho por la ONU, de que se ha llegado a la consolidación de por lo menos dieciséis enclaves regionales, de importante extensión, en los cuales campean los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la minería criminal, el reclutamiento de menores, la trata de personas, la cooptación de las autoridades municipales y el progreso de las diferentes versiones del contrabando. En síntesis, una conspiración multifacética contra las instituciones, la ley, el orden y los derechos humanos, o sea, contra la vigencia de la Constitución. Y que, aunque ya venía gestándose, dejó en claro este 2025 el avance y primacía de la delincuencia organizada a través de sus ejércitos irregulares, impactando con sus amenazas y su barbarie al menos 600 municipios del país, según datos tanto de la Defensoría del Pueblo como de otras fuentes oficiales.

No es, por supuesto, un tema menor, cuando de por medio está la viabilidad de Colombia como nación, tan diezmada durante el transcurso de este año. Por el contrario, la unidad nacional (que tal vez sea el bien más preciado del país desde que esta se logró por Rafael Núñez, en 1886), está completamente resquebrajada a razón de la anotada complacencia territorial con la criminalidad, el desamparo de infinidad de colombianos y la atonía con que se ha venido dirigiendo la Fuerza Pública. Además, esta regresión a la violencia en combinación, por si fuera poco, con la satrapía madurista que rige en Venezuela, al socaire del cartel de los soles y con la cual, pese al fraude y las trampas a la democracia, el Gobierno de nuestro país ha hecho gala de la misma actitud complaciente. Un año, que de tanto tirar la pita y las declaraciones estrambóticas (como en Nueva York), terminó por poner al Ejecutivo en la mira, no solo de Donald Trump, sino del Parlamento Europeo y otros miembros importantes del concierto de naciones, hasta su aislamiento internacional prácticamente buscado a voluntad. De hecho, nunca como en este año, el jefe de Estado colombiano había casado tantas camorras, incluida la última con Chile. Para no hablar del desquiciamiento en que se hallan las relaciones con la mayoría de Latinoamérica.

Del mismo modo, en el plano nacional, se quiso, de enero a diciembre, erosionar en materia grave la democracia. Insultos de grueso calibre al Congreso y amenazas a las Cortes; “decretazos”, consultas populares y constituyentes ilegales, todas a una, estuvieron a la orden del día con miras a desembozar la pertinaz tendencia autoritaria del Ejecutivo contra las otras ramas del poder público. Desde luego, en ese ambiente antidemocrático, creado a ciencia y paciencia, la agenda legislativa naufragó, bajo su única y exclusiva responsabilidad. Y fue en medio de ello que, asimismo, las autoridades develaron el magno apogeo de la corrupción, representada en el asombroso macrocaso que hoy tiene a parte de la cúpula gubernamental judicializada (ya en prisión, ya en asilos “parranderos”), sin mencionar los desastres de Ecopetrol y las investigaciones a la campaña.

En tanto, el mediocre crecimiento de este año no da en absoluto para esconder el complicado panorama económico: el histórico déficit fiscal del 7 % al que se llegó; el pecado mortal de la crisis de la política social (salud, educación, vivienda) fabricada a consciencia; la espiral de un endeudamiento externo nunca visto; el temerario cambio de la inversión por una economía sostenida en el consumo (que en cualquier momento hace agua); millones de colombianos lanzados a la informalidad y al sofisma del precario “trabajo por cuenta propia”; las cascadas tributarias camufladas en “emergencias” causadas por el despilfarro del erario; las presiones inflacionarias por doquier, más allá del promedio, referidas especialmente a los alimentos…

Por su parte, para tener en cuenta, el trabajo de algunas alcaldías y gobernaciones, en particular, por ejemplo, Bogotá, Medellín y Manizales que permitieron jalonar los índices de pobreza del país hacia abajo. Igualmente, pese a los cortocircuitos con la elusiva administración nacional, varios gobernadores y alcaldes supieron sacar la cara por Colombia y avanzar sus promesas y planes de desarrollo.

En términos generales, pues, 2025 fue un año oscuro y complicado. Por decir lo menos: un año opaco, en todo el significado de lo que este término significa de brumoso, lleno de incertidumbre, signado por la violencia, la corrupción, la improvisación y la quiebra estatal. Ciertamente un año sumido en la opacidad.