El Magdalena atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Mientras las cifras de homicidios, extorsiones y tráfico de drogas se disparan, la Policía atraviesa una crisis profunda de liderazgo, operatividad y confianza ciudadana. Hoy nadie da explicaciones sobre el desbordado poder de las bandas criminales que se disputan, a sangre y fuego, el control del departamento.
La población lo sabe, los comerciantes lo padecen y los alcaldes lo admiten en voz baja: el Magdalena está siendo gobernado, en muchos sectores, por el Clan del Golfo, Los Pachencas y Los Primos, que imponen reglas, horarios, cobros y silencios, mientras la fuerza pública parece actuar tarde, mal o, en algunos casos, ni siquiera actuar. Tenemos un departamento sin autoridad real en el territorio
Hoy se profundiza la sensación de abandono por parte del Ministerio de Defensa. Recordemos que la Policía del Magdalena opera, según fuentes internas, con: Déficit de más de 320 uniformados, especialmente en municipios críticos. Carencia de inteligencia humana en zonas rurales donde las bandas se mueven con absoluta libertad. Patrullas dañadas, estaciones sin combustible y cuadrantes que dependen de “turnos reducidos”. Operativos reactivos y no preventivos, siempre llegando después de que ocurre un asesinato, una quema de vehículo o una amenaza.
Mientras tanto, los grupos criminales —bien armados, bien financiados y con información precisa— se mueven sin restricción.
Las noches de Ciénaga, Fundación, Zona Bananera, Pivijay y El Banco son un mapa de miedo.
Las estadísticas no mienten: muestran un territorio desbordado y una institución policial incapaz de frenarlo. Entre enero y octubre de 2025: Homicidios aumentaron 29 % (274 casos). Extorsiones crecieron 42 %, la mayor subida en 10 años. Secuestros extorsivos volvieron a aparecer en municipios ribereños. Desplazamientos forzados aumentaron 18 %. Hurtos al comercio subieron 35 % y al transporte 27 %. Y la cifra que más alarma:
56 asesinatos en 120 días en Ciénaga, Fundación, Aracataca y El Banco. Muchos de ellos fueron ejecuciones rápidas, limpias, precisas: crímenes de control territorial, no hechos aislados.
Los mismos comerciantes lo repiten: “La Policía patrulla a mediodía. A las 10 de la noche, manda la banda”.
Es innegable entonces que los grupos criminales reconocidos por las mismas autoridades y el gobierno como Los Pachencas, El Clan del Golfo y Los Primos no solo disputan rutas del narcotráfico. Hoy, controlan: Microtráfico urbano, imposición de “vacunas” a tiendas, fincas, taxis, buses y mototaxis, lo mismo que la regulación de horarios nocturnos, infiltración de obras públicas y contratos municipales, ejercen además el control de trochas, ríos y pasos estratégicos hacia La Guajira y el Cesar.
En varios municipios, las bandas anuncian paros armados por WhatsApp antes que la Policía pueda confirmar cualquier movimiento. Lo más grave:
Hay sectores donde la población ya no denuncia. Prefieren pagar, callar, cerrar temprano o mudarse.
Ese silencio social es señal de que la autoridad real no es el Estado. A todo lo anterior la pregunta es necesaria:¿Dónde está la operatividad policial?
El problema no es solo falta de pie de fuerza. Es una operatividad mínima y desarticulada, sin inteligencia efectiva ni control sobre las zonas calientes.
Ejemplos que citan mandatarios locales:
Cuadrantes que tardan 40 minutos en responder un llamado.
Bloqueos armados que duran horas sin intervención.
Comerciantes amenazados que reciben protección… una semana después.
Patrullas que deben cubrir distancias de 30 y 40 km por falta de estaciones intermedias.
Municipios donde los retenes ilegales funcionan a plena luz del día.
En varios casos, cuando la Policía llega, ya las bandas han salido, se han escondido o han cambiado de zona. El crimen va dos pasos adelante.
La población del Magdalena no quiere más comunicados tibios, más “planes de intervención” que duran tres días o más caravanas de motos sin resultados concretos.
Lo que exige es: Un comandante con autoridad real.
Inteligencia sólida contra los líderes criminales.
Desmantelamiento de redes financieras de las bandas. Oficiales presentes en las zonas rojas, no desde oficinas en Santa Marta. Coordinación con Ejército y Fiscalía para golpear estructuras, no solo capturar expendedores.
El Magdalena necesita una Policía que actúe, no que observe. Una Policía que prevenga, no que explique.
Una Policía que retome el control, porque hoy el control lo tienen otros.