Hace 40 años asesinaron a la justicia
Han tratado durante cuatro décadas tergiversa la verdad, ocultarla, negar el holocausto y muy orondos después de habérseles perdonado sus crímenes no muestran el más mínimo arrepentimiento. Todo lo contrario, sin ruborizarse niegan de manera impune la responsabilidad que le asiste al que fuera un grupo terrorista sin piedad, como todos, el M-19. Su indulto y amnistía fue el premio a la impunidad. Lo entregó el Estado y una sociedad que para su momento estaba sometida y en una sin salida. Y no ha sido capaz de rectificar tremendo error de perdón. En otras sociedad, valientes y coherentes, ya lo hubieran hecho y los victimarios estuvieran pudiéndose en una cárcel, donde siempre han debido de estar.
A 40 años de la sangrienta toma del M-19 al Palacio de Justicia, en plena plaza de Bolívar, la historia se ha resistido a olvidar tan estruendoso acto salido de todo marco mental. Llegar a pensar que era factible juzgar al presidente de la República, Belisario Betancur, obligando nada menos que a los máximos exponentes de la magistratura a proceder en esa dirección, con un fusil en la nuca, devino de una enfermiza y esquizoide confianza en la violencia y el terror, por decir lo menos. Todo ello, además, dizque en aras de la paz, llevándose por delante a las dos ramas del poder público de un solo tajo terrorista y, desde luego, intentando hacer trizas la democracia colombiana de una vez y para siempre, además, sobre cuyos escombros se pretendía edificar el nuevo gobierno.
Como bien lo recalcó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, el ataque al Palacio “fue un hecho muy doloroso”, en primer lugar, para las víctimas y sus familiares, pero también para todo el país. Un hecho “con unos efectos muy funestos que se irradiaron frente a todos los habitantes de Colombia. De modo que, de una manera amplia, todos los colombianos fuimos víctimas de ese hecho”.
Tras destacar que la independencia judicial es un valor esencial para la democracia, el presidente de la Corte no dudó en señalar que el ataque al Palacio de Justicia “fue un ataque a la democracia, fue un ataque a la civilidad, fue un ataque a todos”.
Por eso también precisó que “conmemoramos para nunca olvidar y pretendemos no olvidar para que nunca se repitan hechos como este. Lo que queremos es que quienes vivíamos para esos momentos recordemos los hechos y con ese recuerdo vívido impidamos que vuelvan a ocurrir. Queremos que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocer los hechos, de saber lo que ocurrió, de educarse sobre eso y, de esa manera, impedir que hechos como estos vuelvan a suceder… Además, como se ha dicho, no conocer la historia es repetirla y los pueblos que olvidan su historia repiten sus tragedias. Esperemos que esta tragedia no se vuelva a repetir”.
Pero no menos contundentes han sido las declaraciones del presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien no solo indicó que a cuatro décadas del ataque al Palacio de Justicia todavía hay muchos temas por esclarecer. “La toma del Palacio no fue una acción genial, sino un acto terrorista. La verdad, como derecho, preserva del olvido la memoria colectiva y libera a las personas del silencio que encierra la injusticia”, enfatizó el magistrado. Tras ello Ibáñez puntualizó que “cuarenta años de procesos revelan que la violencia contra la justicia solo puede enfrentarse con más justicia”.
Los máximos voceros del Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, así como la rama judicial en su conjunto también han expresado su opinión sobre lo que significó el “holocausto” del Palacio de Justicia ese seis y siete de noviembre de 1985. Todos a una sola voz no solo han rendido honores a los magistrados, altos funcionarios y civiles que perdieron la vida en la acción demencial del M-19, sino que recalcaron que el mayor homenaje que se les puede hacer es que la justicia, pese a tantas circunstancias críticas en un país cruzado por múltiples violencias, continúe cumpliendo su papel de garantía democrática e institucional. Muchas vidas se han perdido en esa cruzada, pero el Estado de derecho se mantiene a salvo.
No es, desde luego, que esa Constitución la del 91 sea intangible, ni que tampoco pueda dejar de reformarse con miras a su perfeccionamiento. Pero de ahí a que, a 40 años de esa tragedia que se mantiene con las heridas abiertas, la propuesta sea derribar y acabar con ese “tratado de paz” que es la Constitución de 1991 y que, en alguna medida, se erigió en las cenizas del Palacio de Justicia, es no haber asimilado lección alguna de aquella fecha infausta que hoy se conmemora.