PRISMA
El delicado equilibrio del orden público es y será un dolor de cabeza para las autoridades de todo tipo y los gobiernos de turno. La jornada de protestas del 7 de octubre en varias ciudades de Colombia nos recordó una verdad evidente: la línea que separa la manifestación legítima del desorden es delgada, y mantener el equilibrio entre ambas exige madurez institucional, prudencia operativa y respeto mutuo y mucho profesionalismo.
Las concentraciones convocadas por razones humanitarias en torno al conflicto en Gaza derivaron en bloqueos intermitentes, cierres temporales de estaciones de Transmilenio y algunos daños menores a bienes públicos y mobiliario urbano, pero sin un colapso generalizado del orden público.
En este sentido, puede decirse que la respuesta estatal logró sostener una “contención medida”, un modelo de control que busca garantizar el derecho a la protesta sin recurrir a la fuerza excesiva. La coordinación entre policía, gestores de convivencia y autoridades distritales permitió intervenir en los puntos críticos sin provocar una escalada violenta ante ciertos brotes sorpresivos. Este balance, sin embargo, no puede hacernos olvidar que la calma aparente sigue sustentada en una tensión latente: esa desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
El Estado colombiano ha logrado experiencia y aprendido con dolor que la fuerza sin legitimidad es debilidad, las muertes de líderes sociales, las agresiones a defensores de derechos humanos y la impunidad en ciertos procedimientos disciplinarios han erosionado la credibilidad en el aparato de seguridad. Por eso, toda intervención pública debe responder al principio de proporcionalidad, tal como lo ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la dispersión de manifestaciones solo es justificable ante un riesgo grave, y nunca como reacción inmediata.
El desafío para el futuro es evitar que la protesta se convierta en una rutina vacía de resultados o, peor aún, en un espacio recurrente de confrontación. Si el Gobierno insiste en aplicar solo medidas tácticas de control sin avanzar en reformas estructurales que fortalezcan la confianza entre ciudadanos y fuerza pública, se perpetuará la sensación de que el Estado responde, pero no escucha.
Colombia necesita un modelo de seguridad ciudadana que combine autoridad con empatía, control con diálogo, y fuerza con justicia. El derecho a la protesta no es una concesión del Estado, es una manifestación de la democracia. Pero también implica responsabilidad y respeto por los derechos de los demás, el 7 de octubre debe recordarse como una jornada de aprendizaje: una muestra de que es posible protestar sin destruir y controlar sin reprimir.
El reto ahora es convertir ese equilibrio en una política sostenida, donde la autoridad y la ciudadanía caminen por el mismo sendero del respeto mutuo y la convivencia democrática. Recordemos que derechos y obligaciones los balancea el fiel.
*Exdirector de la Policía Nacional