Los violentos no pueden doblegar la democracia
El clima de la campaña electoral se continúa enrareciendo. Al magnicidio del senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, las amenazas a otros aspirantes a la Casa de Nariño y el Congreso, los ‘vetos’ de grupos armados ilegales a determinados partidos y sus dirigentes en distintas regiones, así como las alertas de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral, el propio Gobierno y las autoridades en cuanto a los riesgos que se ciernen sobre la actividad proselitista, se suma ahora la advertencia lanzada por el Ministerio del Interior en torno a un presunto plan para atentar contra dos parlamentarias e incluso el contralor general de la República.
De acuerdo con la información oficial, se detectó una posible intentona para atacar al titular del ente de control fiscal, Carlos Hernán Rodríguez; así como a la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia; y a la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, dos de las congresistas más críticas a la administración de izquierda.
Hay que reconocer la prontitud con que la Agencia Nacional de Protección y demás autoridades, pues reforzaron los esquemas de seguridad de los tres servidores públicos. No hay que olvidar que en el caso de Uribe Turbay una de las principales polémicas se dio en torno a que no habrían sido atendidas sus urgentes solicitudes para reforzar su cuerpo de escoltas por el aumento de amenazas en su contra.
Por otro lado, es imperativo que la Fiscalía y los organismos de seguridad ahonden en las investigaciones para establecer la veracidad de estas denuncias, sobre todo en cuanto a que el plan delincuencial sería perpetrado por criminales de México y Estados Unidos, y los posibles autores intelectuales serían exmilitares y expolicías colombianos con el único objetivo de culpar al Gobierno de los ataques y desestabilizarlo en plena campaña electoral.
Es urgente que se ahonde en dichas hipótesis, ya que sus implicaciones son de extrema gravedad, reflejando el grado de descomposición a que se estaría llegando en la contienda por el Congreso y la sucesión en la Casa de Nariño. Estas pesquisas deben ser prioritarias. Ya en caso del magnicidio del precandidato uribista si bien se avanzó de manera rápida y contundente en la identificación y captura del comando sicarial que perpetró el atentado en un parque del sector de Modelia en la capital del país, no ha ocurrido lo mismo con la labor investigativa para señalar a los determinadores del crimen. Por el contrario, desde el mismo Gobierno se lanzaron distintas teorías al respecto, apuntando a diferentes flancos, pero sin que se aportara una sola prueba contundente para sustentar los cambiantes señalamientos.
Como atinadamente lo advirtió ayer la Defensoría del Pueblo, la posible existencia de un plan para atentar contra Valencia y Juvinao expresa un grave riesgo para las mujeres en el ejercicio de la política, así como contra un funcionario encargado de una función de control esencial en el marco del Estado de derecho. Una acción criminal de este calibre no solo sería una vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y al ejercicio de derechos políticos, sino que implicaría un daño muy serio a la democracia colombiana.
Por más que los titulares de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, así como del Ministerio de Defensa y otras dependencias oficiales hayan asegurado la semana pasada que están dadas las condiciones para adelantar con tranquilidad las distintas citas a las urnas, lo cierto es que hay serios peligros alrededor de la campaña. Un asunto en extremo preocupante porque, aunque faltan cinco meses largos para los comicios parlamentarios y el primer pulso de los presidenciales, no se debe olvidar que este domingo se verificarán las elecciones de los Consejos Locales de Juventud y ocho días después la consulta interna del Pacto Histórico.
Es urgente, entonces, que desde el Comité Nacional de Garantías Electorales se redoblen las medidas para proteger a candidatos, partidos, entes de control y la población en general. El Estado no puede dejar que los violentos sigan poniendo en riesgo la democracia como tampoco el sagrado derecho a elegir y ser elegido. El Gobierno tiene la responsabilidad de liderar la cruzada por la defensa y transparencia de los comicios. Urge menos contemplación y mano tendida a los factores criminales y más eficacia en el ejercicio del legítimo y contundente principio de autoridad.