La Registraduría ya fue notificada oficialmente del decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, con el cual convoca a la ciudadanía a una consulta popular.
Tras recibir el texto, la Registraduría iniciará el análisis jurídico y presupuestal, para determinar si llevar a cabo el procedimiento electoral y convocar a la ciudadanía a las urnas.
Y es que el registrador deberá decidir si acata o deja sin aplicar el decreto, en virtud de la “excepción de inconstitucionalidad”. Es decir, podría abstenerse de dar curso a la convocatoria si considera que el acto jurídico vulnera la Constitución.
Así se lo han solicitado varios partidos de oposición, que aseguran que el registrador debería abstenerse de ejecutar el decreto, a la espera que los altos tribunales se pronuncien sobre su constitucionalidad.
Esa petición también la hizo el expresidente César Gaviria, quien aseguró que «el Gobierno no puede inventarse que el Senado emitió un concepto favorable. Eso no ocurrió, y sin ese requisito, la consulta es inconstitucional”, dijo.