¿Uribe, culpable o inocente?
La decisión de la jueza y la argumentación que exponga, será clave para marcar la ruta judicial que sigue dentro del proceso, teniendo en cuenta que es una primera instancia a la que aún le faltan al menos tres más.
Por Camilo García
Este lunes 28 de julio será un día histórico cuando luego de siete años la justicia determine si Álvaro Uribe es culpable o inocente de manipular testigos. Podría ser condenado por los delitos de soborno y fraude procesal y aunque esa eventual sentencia no implicaría cárcel, sí tendría efectos reputacionales, mediáticos y electorales.
El proceso judicial contra el expresidente se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer dinero a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no existían motivos suficientes para culpar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor a través de otras personas, entre ellas el abogado Diego Cadena, quien en los próximos días también conocerá si es condenado o no por esos hechos.
Desde ese momento, el proceso pasó por todo tipo de situaciones: dos preclusiones fallidas que buscaron cerrar el caso; un cambio de jurisdicción de la Corte Suprema a la Fiscalía – cuando Uribe renunció al Senado- y múltiples recursos que casi llevan a su prescripción en octubre de este año. Lo que resta ahora es la decisión de la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Ortiz, quien tomará la decisión con base en los 38 testigos que presentó la Fiscalía y los 57 por parte de la defensa.
¿Qué viene después de la decisión?
Si Uribe es condenado no irá a la cárcel. Lo anterior porque es investigado y fue acusado por tres delitos de soborno y dos de fraude procesal, lo que significa, según el exfiscal y abogado penalista, Daniel Eduardo Cardona, que así fuera sentenciado por todos ellos, las penas mínimas asignadas a esos delitos por la ley no superan los ocho años de prisión, que es el umbral legal para acceder a la prisión domiciliaria.
Para ser más claros, en Colombia todo delito tiene una pena mínima y una máxima, y uno de los requisitos clave para conceder el beneficio de condena domiciliaria es que la pena mínima prevista para el delito no exceda los ocho años. Por tanto, aun si se le impusiera la pena más alta posible, la ley permitiría que la cumpla en su residencia, y no en un centro carcelario. “Considerando que la acusación es por más de un delito y asumiendo que sea condenado por todos ellos, en aplicación de las reglas que regulan el concurso de conductas punibles y el proceso de dosificación, la pena podría oscilar entre 90 (siete años y cinco meses) y 180 meses (15 años).
Sin embargo, hay que aclarar también que aún si es condenado el monto de la pena no se conocerá este lunes. Este día, la juez solo comunicará si la decisión es condenatoria o absolutoria y en caso de declararlo culpable abrirá un espacio para que la Fiscalía, presuntas víctimas, Ministerio Público y defensa, se pronuncien sobre las condiciones personales y familiares del expresidente, la probable pena a imponer y las condiciones de ejecución de esa pena. Luego se fijará una nueva fecha donde se dicte sentencia.
El proceso, sin embargo, no termina ahí, tanto si es declarado culpable o inocente, como lo explica el exfiscal Cardona. “En caso de ser condenatoria, no implica que, de manera inmediata, el proceso haya culminado. El expresidente, junto con su equipo de defensa, tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación con el propósito de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revise la actuación y determine si la hipotética condena consulta la realidad probatoria del proceso o si, por el contrario, debe revocarse y absolverse. En igual sentido, podrían revisar el monto de la eventual condena. El mismo recurso puede ser presentado por la Fiscalía, las presuntas víctimas e, incluso, el Ministerio Público”.
Otro punto importante para mencionar es que esa decisión en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá se tendría que dar antes del mes octubre, ya que, de no ser así, el caso prescribiría. Pero más allá del desenlace jurídico inmediato, analistas coinciden en que este proceso podría tener un impacto aún más profundo en el escenario político. Es decir, en materia reputacional, mediática y electoral no solo en contra del expresidente sino de las listas del Centro Democrático y hasta de la derecha, para elecciones de Congreso que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026 y de manera indirecta a las de presidencia que se desarrollarán el 31 de mayo.
“Todo lo que comprende el proceso de Álvaro Uribe ha venido de alguna otra forma minando la confianza que tienen los electores en las personas que defienden o que son allegadas, o que han estado en las listas del Centro Democrático en el Congreso”, explica el analista político y docente Carlos Arias, por lo que una eventual condena le daría un respaldo judicial a denuncias que se han hecho contra el exmandatario desde hace años y podría impulsar otros procesos en su contra.
Hecho que podría ser aprovechado por sectores de la izquierda para renovar el discurso antiuribista, que, en parte llevó al presidente Petro a la presidencia.
Aunque una condena contra Uribe también le podría servir a la derecha, en la medida en que el fallo sería visto por algunos como una forma de persecución política contra el exmandatario. Argumento que se sustenta, como lo han hecho ver algunos dirigentes cercanos al expresidente, en el hecho de que el principal impulsor del juicio es uno de los políticos de mayor peso en la izquierda, el senador Iván Cepeda.
En caso de resultar absuelto pasaría todo lo contrario. Las denuncias que se han hecho por 7 años contra el exmandatario se quedarían sin respaldo judicial, lo que le daría al Centro Democrático y a los candidatos del uribismo argumentos para mostrar que todo lo que se ha dicho de Uribe no ha sido más que una burbuja mediática, mientras que la izquierda recurriría a una idea que ya el mismo Petro planteó, que la juez ha sido sometida a grandes presiones mediáticas, comenzando por las que él mismo, Petro, ha hecho a través de sus mensajes en la red social X
LA OTRA CARA
Hay quienes, como el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, han salido a defender al expresidente: “Lo más alarmante es la doble moral de la Fiscalía. Lo único probado es que Cadena se reunió con exparamilitares para que contaran la verdad. Lo mismo que hizo Iván Cepeda. Pero al primero se le persigue, y al segundo se le exalta. ¿Por qué? ¿Por qué uno es de izquierda y el otro no? ¿Por qué en Colombia el derecho a la defensa solo existe para ciertos sectores?”, escribió en su columna de El Tiempo.
Por último, dos detalles que no son menores. ¿Qué tan cierto es, como alega la defensa, que quién pidió ese apoyo fue Monsalve que trataba de “entrampar” al expresidente?
Y el segundo punto: el testigo Monsalve no cambió su testimonio a favor de Uribe, por el contrario a lo largo de 14 años ha sido el más férreo acusador de Uribe. ¿Puede darse manipulación de testigos si el testigo nunca cambió su testimonio? Aún más, ¿Puede darse el delito de soborno a testigo si como se ha probado Monsalve no fue testigo de nada?
Si se revisa la otra cara de la moneda, Monsalve, por el contrario, ha gozado de todo tipo de beneficios testificando contra Uribe: está recluido en las casas fiscales, una especie de VIP de La Picota, lo cual puede comprenderse por la necesidad de proteger un testigo de un proceso clave.
Lo que si no tiene tanto como justificarse son las juergas de las que participa Monsalve en la prisión, que no se entienden para una persona como él condenada a 40 años de cárcel y sin mayores recursos económicos.
UN RACUMÍN
Jaime Lombana, uno de los defensores de Uribe, relató en una entrevista reciente: “Un paramilitar, ‘Racumín’, declara que a él lo fue a visitar su esposa con su hijito muy pequeño, y que no le dejaron entrar una compota para el niño y se la tiraron a la caneca, pero que ese mismo día Monsalve tenía un poco de botellas de champaña”.
Hace pocos meses, de hecho, se presentó un problema con Monsalve en la cárcel porque quiso evitar una revisión a su celda. “Él trata de evitar la entrada de los guardianes para hacer la requisa de control. Cuando el guardián va a abrir, él trata de cerrar la puerta y cuando el guardián la intenta abrir se lesiona la mano”, comentó la entonces ministra de justicia, Angela Buitrago, en entrevista con Bluradio.
LA FISCALÍA
Dos veces fiscales asignados al caso, durante la Fiscalía de Francisco Barbosa, pidieron precluir el proceso contra Álvaro Uribe. La primera solicitud la presentó el fiscal Gabriel Jaimes el 5 de marzo de 2021, argumentando que no existían pruebas suficientes para acusar al expresidente, pero fue rechazada por la juez en abril de 2022.
Después el fiscal Javier Fernando Cárdenas presentó una segunda solicitud de preclusión el 10 de octubre de 2022, insistiendo en la falta de mérito y la debilidad de los testimonios claves como el de Juan Guillermo Monsalve, pero esta también fue negada por otra juez el 24 de mayo de 2023.
EL JUICIO
Este año se llevó a cabo el juicio, 67 días de audiencia. 37 testigos de la contraparte y 70 testigos de la defensa desfilaron ante la juez.
Varios de los testigos de la defensa hablaron de supuestos ofrecimientos por parte de Cepeda. La declaración más llamativa fue la de la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve, su papá y su hermano, ambos de nombre Óscar, lo desmintieron diciendo que Juan Guillermo fue inducido a declarar contra el expresidente con la promesa de beneficios jurídicos y protección internacional.
En cuanto al otro testigo, Pablo Hernán Sierra, en varias respuestas a preguntas de la defensa quedó en evidencia algunas inconsistencias. Cuando se le interrogó sobre su relación con el senador Iván Cepeda. Inicialmente, titubeó al intentar explicar cómo lo conoció en 2011. En la audiencia aseguró que fue a través de la abogada Mercedes Arroyave, pero en 2019, ante la Corte Suprema, declaró que él mismo contactó a Cepeda y había buscado su teléfono en internet. Cuando se le preguntó por qué decidió reunirse con el senador en agosto de 2011, Sierra dijo: “¿Qué me pasó a mí? Lo mismo que a la mayoría de excomandantes paramilitares cuando Uribe los extraditó: se volvió moda hablar con el senador Cepeda, que era el enemigo número uno del expresidente”.
Por su parte Jaime Lombana resume la defensa de Uribe: “Tengo la convicción de la inocencia absoluta y de que a Álvaro Uribe no se le puede castigar criminalmente por ejercer el derecho constitucional de defenderse, de buscar esclarecer, de clarificar y verificar cada información que le llegaba de él de que le estaban haciendo un montaje”.
En el juicio no apareció ninguna prueba reina. Así entonces la falta de una prueba contundente que involucre al expresidente Álvaro Uribe y la duda que queda, cada vez más grande, sobre sobre su supuesta responsabilidad ponen a la juez en una encrucijada difícil de resolver. Sobre todo porque se trata de un caso que a lo largo de los años ha estado contaminado con sesgos ideológicos y odios incubados. El país espera que dicte su veredicto en derecho.
´La defensa está preparada para cualquier escenario´
El prtestante abogado Jaime Lombana, uno de los defensores del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, se pronunció a pocas horas de que la jueza Sandra Heredia emita el fallo en el proceso.
Al respecto, Lombana aseguró ayer en la W Radio que su equipo jurídico está preparado para cualquier escenario, si bien esperan una sentencia absolutoria.
´Tenemos plena conciencia de la ausencia de responsabilidad, de conocimiento y de acción indebida por parte del expresidente. Él solamente buscó defenderse ante montajes que le estaban estructurando, afirmó el doctor Lombana.
El abogado reconoció que existe cierta expectativa por lo que pueda ocurrir este lunes 28 de julio, pero insistió en que se trata de un momento crucial, no solo para su cliente, sino para el país entero. “Este fallo tiene significancia para el futuro de Colombia”, subrayó.
Si el caso llegara a ser adverso para su cliente, Lombana explicó que se contemplan mecanismos de apelación dentro del marco del debido proceso, así como se considerarían otros recursos extraordinarios según lo vean necesario.
“El proceso penal es de doble instancia. Si el fallo es adverso, se apelará y si se presentan otras circunstancias, se evaluarán otros caminos jurídicos”, explicó.
En cuanto a si ha habido garantías en este caso, Lombana defendió el desarrollo del proceso judicial, asegurando que se han respetado todas las etapas del debido proceso, incluyendo la presentación de pruebas, la controversia, la contradicción de los argumentos y el uso de recursos legales.
´Ha sido un juicio garantista y, ni para qué negarlo, transparente´, declaró, agregando que cada diligencia fue realizada conforme con las reglas procesales.