La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo al exdirector encargado de la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, y a tres guardias del INPEC por su responsabilidad en el incendio que causó la muerte de 56 internos en junio de 2022.
La decisión disciplinaria responsabiliza a los funcionarios por omisiones en sus funciones que habrían agravado la situación durante el motín que desencadenó el fatal incendio.
Según el ente de control, una riña entre internos por el control del microtráfico en el patio 8 del penal generó el fuego que se propagó rápidamente.
La Procuraduría determinó que el exdirector, Arely Julián Fernández Torres, no garantizó las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad dentro del establecimiento penitenciario.
A pesar de conocer las constantes disputas entre los líderes de las bandas criminales, no implementó acciones efectivas para prevenir incidentes de esta magnitud.
Por su parte, los guardias Javier de Jesús Orozco Gómez, Luis Felipe Cruz Arredondo y Edilson Alberto Marín Marín fueron hallados culpables de omitir sus deberes de vigilancia y custodia.
Sus acciones, o más bien la falta de ellas, contribuyeron a que la situación se saliera de control y terminara en una tragedia.
Las sanciones impuestas a los funcionarios van desde 9 hasta 11 meses de suspensión en el ejercicio de sus cargos. La Procuraduría calificó las faltas cometidas como graves con culpa grave.
Sin embargo, los sancionados aún pueden apelar esta decisión ante la Sala Ordinaria Disciplinaria de Juzgamiento.
/Colprensa