“No se aumentará la edad de pensión”: ALICIA ARANGO
Alicia Arango, ministra de Trabajo reitera que la reforma pensional no se hará en 2019, aunque este año avanzará una mesa técnica que partirá de “respetar los derechos adquiridos”.
La ministra de Trabajo Alicia Arango se ha tomado el trabajo de dejar claro por todos los medios posibles que este año no se tramitará la reforma pensional cantada por el Gobierno de Iván Duque desde la campaña presidencial.
La funcionaria ha sido enfática en que hasta este momento “no hay nada” y que la instrucción desde Presidencia de la República es no salir a las carreras para que en definitiva “no sea estructural” y toque volver a tramitar una nueva.
La ministra del Trabajo añadió que pensar en una reforma en este momento solo beneficiaría uno de cada cuatro trabajadores de la tercera edad y en ese orden de ideas lo que debe primar es aumentar el empleo formal y el número de personas que cotizan para pensión y así garantizar la sostenibilidad del sistema.
Según Arango el sistema pensional colombiano es muy inequitativo y se debe empezar a dar la discusión sobre los subsidios a las megapensiones, uno de los temas fundamentales para la mesa técnica con la que se pretende crear una reforma estructural.
Insistió en que solo con aumentar la edad de jubilación no se resuelve el problema de las pensiones en Colombia y que se deben buscar otras alternativas.
“Queremos una reforma profunda, discutida antes con los gremios, avalada por el gobierno, socializada con los partidos, para no llegar a tirar el proyecto en el Congreso a ver qué pasa”, precisó.
Según Arango, lo que viene es la conformación de una mesa técnica en la que se recopilen los estudios que ha hecho el Gobierno, la academia y los centros de pensamiento para que en el tercer trimestre de este año se presente una propuesta “que trate de ser la mejor” y que además pueda recibir ideas de distintos sectores.
A varias emisoras de radio, la Ministra dijo que “a pesar de lo delicado del tema” este año todavía no hay una bomba pensional y señaló que el Gobierno es consciente de que el país no puede seguir con un sistema pensional del que solo se beneficia una tercera parte de la población.
No obstante, de acuerdo con Arango, quienes lleguen a esa mesa técnica tendrán unas bases en las que se parta de “respetar los derechos adquiridos”.
En ese sentido, fue enfática en que una de las bases es que “no se aumentará la edad de pensión”, mientras que se “respetará la pensión sustitutiva” y que los subsidios que llegan a las pensiones más altas se focalicen en las pensiones de más bajo valor porque hay “un problema tremendo de inequidad”.
De esta manera siguen floreciendo contradicciones entre la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que ha insistido en la necesidad de la reforma pensional y planearía radicar el proyecto en la segunda legislatura de este año.
Para Carrasquilla es claro que debe haber un régimen de transición que no afecte a los colombianos que están cerca de la edad de pensión.
Habrá que ver si los congresistas, que se alistan para impulsar sus fichas en las elecciones regionales de este año, tienen entre sus planes tramitar una reforma de este tipo.
Las calificadoras de riesgo han insistido en la necesidad que tiene Colombia de reformar su gasto social y uno de esos frentes que requiere un ajuste pronto es, precisamente, el de los subsidios pensionales.
ACABAR EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA: AFP
Por su parte, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías volvieron a hablar sobre la reforma pensional que le proponen al Gobierno para el próximo año. Esta incluye un sistema de tres pilares y mantener a Colpensiones pero acabar el régimen de prima media.
Con el sistema pensional actual, apenas el 26% de los adultos mayores alcanzan a ser cubiertos por el régimen que recibe cada año uno de los rubros más altos e inflexibles del Presupuesto General de la Nación.
Para 2019, según los cálculos del Gobierno, los pagos pensionales serán por $39,4 billones en el régimen público, superior incluso al rubro de educación, pese a que la Ley 100 disminuyó el pasivo pensional del país desde 241,2% del PIB hasta el actual 109,9%.
De acuerdo con los cálculos de Asofondos, mientras el ahorro pensional público llegó a 5% del PIB este año gracias a la gestión del Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales (Fonpet), el de los privados llega a 30% del PIB.
De acuerdo con Juan David Correa, presidente de Protección, el asunto no para allí. El sistema del Régimen de Prima Media, aquel que administra Colpensiones, tiene un déficit que alcanza los $41,1 billones, de los cuales $4,9 billones deben pagarse únicamente a 2,12 millones de pensionados.
Si la situación se mantiene tal como está, para 2055 Colombia tendrá cerca de 14,2 millones de adultos mayores, de los cuales cerca de 8,3 millones no tendrán entre sus posibilidades el acceso a una pensión o subsidio de vejez.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) tienen clara su propia propuesta.
“Definitivamente nuestra gran preocupación es la de tener un sistema pensional que acompañe de manera universal la vejez de los colombianos. Ese futuro que estamos buscando tiene que ser construido entre todos, apoyado en tres pilares”.
El primer pilar sería el solidario, encargado de los programas Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos (Beps), ambos con sus respectivas mejoras.
En el segundo pilar, estaría “un sistema de ahorro contributivo con una cuenta individual, no un régimen de prima media como el que existe ahora, sino uno donde todos aportemos y los empleadores nos ayuden a construir esa pensión futura para poder aprovechar esa magia que tienen los rendimientos en los recursos administrados por los fondos de pensiones”, explicó el presidente de Protección.
En el tercer pilar, estarían los ahorros voluntarios de todos aquellos colombianos que en la búsqueda de recursos adicionales para su vejez, ya que con las condiciones actuales de bono demográfico y recursos “no es suficiente si lo hacemos solo con el ahorro obligatorio”, advirtió Correa.
Dicho sistema multipilar terminaría en una cobertura mucho mayor a la actual; con equidad ya que los subsidios, que por ahora se enfocan en los dos quintiles de mayores ingresos de la población, serían distribuidos a quienes realmente los necesitan; sostenible para el Estado, de modo que los colombianos no tengan que pagar más impuestos para las asignaciones pensionales.
Eso significaría el final de Régimen de Prima Media (RPM) que administra Colpensiones, entidad que tendrá que seguir pagando sus obligaciones actuales y someterse al régimen de transición que establezcan el Gobierno y el Congreso para aplicar el nuevo sistema pensional.
OPINIÓN DE UN EXPERTO
El economista Eduardo Lora realizó una propuesta revolucionaria: que Colombia establezca una “pensión básica universal no contributiva”. ¿Qué tan viable es que a cada colombiano se le garantice una pensión de salario mínimo cuando llegue a la edad de jubilación?
Las rentas universales se han convertido en un caballito de batalla para superar la inequidad. Y el debate viene desde los países desarrollados: Europa y Estados Unidos. La discusión radica en qué tan rentable socialmente es “regalar” dinero a una porción de la población.
Esa es justamente la propuesta que acaba de lanzar el economista Eduardo Lora, quien en su más reciente columna en la Revista Dinero y en un estudio publicado en la revista de la Contraloría General de la República planteó como una de las posibilidades de reforma pensional, establecer un sistema de “pensión básica universal no contributiva”. Eso significa simplemente: regalar dinero a las personas de la tercera edad en el país, sin importar su condición social, sino simplemente por el hecho de haber llegado a la edad de jubilación. Las preguntas que genera esta posibilidad son muchas y las respuestas provocadoras.
Según él, su propuesta “consistiría en establecer una pensión básica universal no contributiva y desmontar todos los regímenes de pensiones de contribución obligatoria. Tendrían derecho a la pensión básica todas las personas que hayan vivido en el país un cierto número de años y que hayan llegado a la edad de retiro”.
La edad de jubilación se ajustaría en función de la expectativa de vida de los colombianos, para que la mesada cubra los últimos 20 años de vida de los hombres y los últimos 25 de las mujeres. Bajo ese escenario, ahora mismo la edad de jubilación sería de 63 años para hombres y 62 para mujeres.
Así vista, la propuesta resulta polémica, pues implica 1) que desaparecen los regímenes obligatorios (AFP y Prima Media) y 2) que prácticamente se nivelaría la edad de jubilación entre hombre y mujeres.
Desde otra perspectiva, también es un planteamiento muy audaz, porque es necesario hacer las cuentas de cuánto valdría pagarle una pensión mínima a 4,4 millones de personas y a esto hay que agregarle el costo político de revocar los enormes beneficios pensionales de que goza un exclusivo club de colombianos hoy.
De hecho, el propio Lora reconoce en su artículo que “la pensión básica universal no es viable fiscalmente mientras subsistan los subsidios a las pensiones del Régimen de Prima Media (RPM) y los regímenes especiales”. Ese es el otro asunto polémico: cómo eliminar los grandes subsidios que implica el RPM y los otros como los de profesores, magistrados y congresistas. Pero eso no quiere decir que la propuesta no deba ser debatida para encontrar sus pros y sus contras.
El presidente de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Santiago Montenegro, aseguró que “la propuesta de una pensión básica tiene elementos interesantes que sirven para pensar en un sistema integral para la vejez”.
Explicó que estaría de acuerdo con los siguientes elementos de ese régimen: que serviría para “otorgar un ingreso digno para la vejez a aquellas personas que no cotizaron porque estaban fuera del mercado laboral o en la informalidad, esto sobre todo para la población más vulnerable”. Igualmente, sería el mecanismo eficaz para eliminar “las altas desigualdades presentadas en el Régimen de Prima Media (RPM) y los altos subsidios focalizados a la población de mayores ingresos o las devoluciones de los aportes a 90% de los afiliados al RPM que no se pensionan y que el Estado no les reconoce ningún rendimiento real por sus aportes”.
