Denunciada la Fiscal General ante Comisión de Acusaciones

La denuncia, presentada el 23 de julio de 2024, sostiene que las actuaciones de Camargo, al suspender varias órdenes de captura contra miembros de las disidencias de las Farc, habrían comprometido los esfuerzos por consolidar la paz y garantizar la justicia transicional en el país.

El centro de la controversia radica en la decisión de la Fiscal General de suspender órdenes de captura contra cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc, entre ellos varios líderes vinculados a delitos como narcotráfico y terrorismo. Los denunciantes argumentan que esta medida contradice los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el Acuerdo de Paz, que incluye la justicia transicional y la reparación a las víctimas del conflicto armado.

La denuncia fue radicada por el ciudadano Santiago Suárez Morales, quien, en su escrito, señala que la actuación de la Fiscal podría representar una vulneración a los principios constitucionales y al marco normativo internacional sobre justicia transicional. En particular, se menciona que la suspensión de las órdenes de captura podría generar un retroceso en los avances logrados para la implementación del Acuerdo de Paz y comprometer la estabilidad y seguridad en las regiones afectadas por el conflicto.

La Comisión de Acusación acordó iniciar un proceso de investigación, que está en curso, y designó al representante Leonardo Gallego Arroyave como encargado de esclarecer los hechos denunciados. En un comunicado emitido el 28 de noviembre de 2024, la Comisión informó que se ampliará el conocimiento sobre las decisiones tomadas por la Fiscal Camargo, en especial sobre la resolución 0282 del 4 de julio de 2024, que contempla la suspensión de las órdenes de captura de los mencionados líderes disidentes.

Por su parte, la Fiscalía General ha justificado la medida, argumentando que la suspensión de las órdenes de captura forma parte de un esfuerzo por promover el diálogo y la negociación, tanto con las disidencias de las Farc como con el Clan del Golfo. No obstante, los denunciantes alertan sobre el riesgo que esto representa para la seguridad nacional y la estabilidad del proceso de paz.

Este caso pone nuevamente sobre la mesa el delicado equilibrio entre la justicia, la seguridad y la paz en Colombia, y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz de 2016. La investigación de la Comisión de Acusación determinará si las acciones de la Fiscal General incumplieron la legalidad y los principios constitucionales, con posibles implicaciones judiciales y políticas de gran alcance para el futuro del proceso de paz en el país.

/Colprensa