Corte pide a jueces garantizar el acceso de periodistas a audiencias judiciales
La Corte Suprema de Justicia llamó la atención a los jueces para que no limiten el acceso a las audiencias de los periodistas, en respuesta a un incidente ocurrido durante una audiencia relacionada con el caso de “Chiquita Brands” y presuntos vínculos con grupos paramilitares, en el que se impidió a la prensa asistir.
En su pronunciamiento, la Corte ratificó la importancia de garantizar la transparencia de los procesos judiciales y el derecho de la opinión pública a acceder a la información, especialmente cuando se trata de casos de relevancia nacional como el de esta multinacional.
La Sala Penal de la Corte afirmó que la publicidad de los juicios es esencial para garantizar la transparencia y el derecho a la información.
«La restricción aplicada en este caso no fue proporcional ni necesaria, y vulneró derechos fundamentales», puntualizó el alto tribunal en su fallo.
El caso tuvo origen en una tutela presentada por María Camila Idrobo, periodista de Noticias Uno, quien denunció que la Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia ordenó tramitar el proceso bajo reserva absoluta.
Esto impidió a los medios acceder a las audiencias del juicio contra ejecutivos de Chiquita Brands, investigados por posibles pactos con grupos paramilitares.
La Corte evaluó que la medida no cumplió con los requisitos legales ni demostró una necesidad imperiosa que justificara limitar la presencia de los medios y señaló que los argumentos expuestos por la juez, como la protección de testigos y la integridad de las pruebas, fueron insuficientes y genéricos.
La sentencia ordena que los medios de comunicación puedan ingresar a las audiencias del proceso. Sin embargo, deja en claro que los jueces podrán adoptar medidas restrictivas en casos concretos, siempre que estén plenamente justificadas y no vulneren los derechos a la libertad de prensa e información.
El caso Chiquita Brands, de alta connotación nacional, no solo examina la relación entre la multinacional y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sino también la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos de lesa humanidad.
/Colprensa