El empresario Emilio Tapia, conocido por su implicación en el «carrusel de la contratación», aceptó su responsabilidad en el escándalo de corrupción de Centros Poblados tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
El contratista pactó reconocer tres delitos imputados: peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. Un juez de conocimiento verificará el preacuerdo el próximo 18 de diciembre, fecha clave para formalizar su confesión.
Tapia señaló su compromiso de devolver $5.000 millones, de los cuales ya ha entregado la mitad. «Los otros $2.500 millones serán reintegrados a través de bienes ubicados en Girardot, Cundinamarca, y zona rural de Medellín», afirmó durante la audiencia.
Como parte de los términos, el empresario cumplirá una condena de seis años de cárcel y se convertirá en testigo de cargos contra otros implicados en el entramado de corrupción, cuyo giro lo posiciona como pieza central en el esclarecimiento del caso.
«Sí, señor juez, me considero responsable, considerando y teniendo en cuenta todo lo explicado por la doctora Diana, en el entendido que los delitos se cometen por acción y omisión», declaró Tapia al ser interrogado por el magistrado.
El acuerdo representa un avance significativo en el proceso judicial que busca esclarecer el desfalco millonario al Estado, marcado por irregularidades en la adjudicación de contratos para la conectividad digital en zonas rurales del país.