La Contraloría General de la Nación alertó sobre los riesgos tanto económicos como ambientales que traería una eventual terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.
La posible terminación anticipada del contrato de puede llevarse a cabo debido a los nuevos escenarios de exigencia de Licencia Ambiental por parte de la ANLA, de introducción de un protocolo de la Justicia Especial de Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el Canal del Dique y de realización de consultas previas adicionales con nuevas Comunidades.
El contralor, Carlos Hernán Rodríguez, instó a las autoridades a resolver adecuadamente estos riesgos y que no se conviertan en un presunto soporte para llevar a cabo una eventual terminación anticipada del contrato de concesión.
“Aunque se trata de riesgos que fueron alertados oportunamente por la CGR y que hoy están próximos a materializarse, ello no implica que no puedan ser adecuadamente gestionados y resueltos y, mucho menos, que puedan convertirse en un presunto soporte para decidir una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión”, señaló Rodríguez.
Además, el Contralor detalló que la eventual terminación anticipada del contrato implicaría, entre otras cosas, tener que pagarle al concesionario hasta $350.000 millones.
“Conciliar una eventual terminación anticipada de mutuo acuerdo de este contrato de concesión, implicaría tener que pagarle al concesionario una onerosa suma de dinero, aproximadamente $350.000 millones, por solo haber recibido a cambio algunas obras menores de mejoramiento vial, algunos dragados de mantenimiento del Canal del Dique y, posiblemente, unos Estudios y Diseños en Fase III, que incluso podrían quedar desactualizados con el paso del tiempo”, puntualizó el funcionario.
Sin embargo, según el seguimiento realizado por la Contraloría lo más grave es que este pago de se debería de realizar sin haber recibido a cambio ni una sola restauración de los ecosistema degradados del Canal del Dique, lo que dejaría a 1,5 millones de personas que habitan estos territorios con los graves problemas ambientales que hoy afronta, como bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en épocas de sequía, excesiva sedimentación, etc.
Asimismo, tampoco obtendrían el beneficio que les generará una inversión cercana a los $3,26 billones.
La Contraloría instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente para que adopten las acciones necesarias para evitar que se materialicen los riesgos planteados por el ente de control.