´Ellos no pueden ser constructores de paz´
La alta funcionaria expresó su rechazo a que 18 excomandantes paramilitares hayan sido nombrados por Petro como ´gestores de paz´.
En un contundente pronunciamiento, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la idoneidad de convertir a los máximos responsables de crímenes atroces en referentes de la construcción de paz.
“Si queremos que quienes cometen crímenes hoy dejen de delinquir por los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado. Se lo debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy”, señaló la Defensora, poniendo sobre la mesa la responsabilidad histórica de quienes han encabezado grupos armados ilegales.
HAY INDIGNACIÓN EN LA SOCIEDAD
La resolución emitida por el Ejecutivo incluye nombres que evocan los capítulos más oscuros de la violencia en Colombia: Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’; Hernán Giraldo; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; y Herbert Veloza, alias ‘HH’. Todos ellos, antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, enfrentaron procesos judiciales por crímenes de guerra y lesa humanidad bajo la Ley de Justicia y Paz.
Sin embargo, la Defensora recordó que varios de estos ex comandantes fueron excluidos de este marco legal por reincidir en actividades delictivas. “Entre los nuevos gestores hay máximos responsables de crímenes cometidos por el paramilitarismo, condenables no solo en el ámbito interno sino en el internacional.
Entre los designados por el jefe de Estado están algunos de los más crueles mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia , acusados de múltiples crímenes de lesa humanidad, una decisión que ha causado controversia en el país.
De esa lista hacen parte Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo, Carlos Mario Jiménez, y Hernán Giraldo Serna.
La Defensoría del Pueblo recordó que entre los nuevos gestores «hay máximos responsables de los crímenes cometidos por el paramilitarismo, como crímenes de guerra y de lesa humanidad condenables, no solo en el ámbito interno sino en el internacional».
La señora Marín señaló que aunque «parece positivo» que los jefes paramilitares «contribuyan a finalizar las guerras que subsisten en Colombia porque tienen una deuda enorme con las víctimas y la sociedad», la decisión del Gobierno deja dudas.
«¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, se preguntó la funcionaria.
Para la defensora del Pueblo es necesario tener en cuenta tres asuntos «para evitar que estas gestorías de paz sean usadas para posibles reincidencias».
La primera tiene que ver con la «prevalencia de la justicia» y recordó que las garantías de no repetición del conflicto armado se reflejan en el cumplimiento de las penas por las que están presos.
«Es esencial que una decisión del Gobierno no deshaga lo que la justicia ha logrado», aseguró.
Para Marín sería conveniente que los gestores desarrollen un plan de trabajo «muy preciso y público», que pueda ser monitoreado para evitar cualquier riesgo que desvíe la labor que se les solicita.
Igualmente agregó que los gestores de paz deben «reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones en que no sean puestos simbólicamente en la posición de que están ‘ayudando’, sino en la de responsables que hoy se encuentran bajo estricta supervisión judicial».
«Si queremos que quienes cometen crímenes hoy dejen de delinquir por los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado. Se los debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy», agreg la defensora Iris Marín Ortiz.
DAÑO IRREPARABLE
´No pueden ser referentes morales de la construcción de paz en el país”, afirmó Marín, aludiendo al daño irreparable causado por estos exparamilitares a miles de víctimas.
POLÍTICA DE PAZ BAJO ESCRUTINIO
La inclusión de los ex jefes paramilitares en el marco de la “Paz Total” se perfila como uno de los movimientos más controvertidos de la administración Petro. Según el Gobierno, estos nombramientos buscan abrir la décima mesa de negociación, un paso considerado clave en su ambiciosa agenda de pacificación.
No obstante, para la Defensora, cualquier avance en este sentido debe estar acompañado de garantías claras y verificables. “Sería conveniente que la gestoría se desarrolle con base en un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo, para evitar cualquier riesgo que desvíe la labor que se les solicita”, subrayó.
ES UNA AFRENTA
La controversia no se limita a la idoneidad de los designados. También reabre heridas entre las víctimas del paramilitarismo, quienes ven esta decisión como una afrenta a la memoria y la justicia. “¿Cómo confiar en quienes han sido gestores de guerra?”, cuestionó la señora Marín, evidenciando la fractura entre las aspiraciones de paz del Gobierno y las expectativas de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado.
«Los gestores de paz deben reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones en que no sean puestos simbólicamente en la posición de que están ayudando, sino en la de responsables que hoy se encuentran bajo estricta supervisión judicial: con la cabeza gacha ante la justicia y ante las víctimas. Ellos no son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz», advirtió Marín.
Por otro lado, la Defensora se pronunció sobre la imputación de seis ex integrantes del Secretariado de las Farc por secuestro. «El trabajo de la Sala de Reconocimiento de la JEP ayuda a entender más la magnitud del daño que el conflicto armado ha dejado a la infancia y adolescencia», afirmó.
/Colprensa