La Procuraduría delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió a la magistrada Julieta Lemaitre, quien adelanta la investigación contra las Farc por secuestros, que se plantea acudir a acciones disciplinarias y también constitucionales ante incumplimientos del despacho.
En el escrito, el delegado cuestionó el silencio de la juez Lemaitre y su equipo frente a la solicitud que elevó para que no se hiciera un traslado común de los escritos de imputación a víctimas y comparecientes, sino que primero los excombatientes se pronuncien si reconocen o no los hechos y ahí sí, las víctimas tengan la última palabra para ver si están conformes o no.
También, que se sigue avanzando en el proceso sin resolver peticiones de la defensa de los excomandantes de las Farc imputados como por ejemplo en el caso del Comando Conjunto Central.
“La Sala no solo ha sido renuente a dar respuesta a la solicitud de modificar los términos en los que se está surtiendo este traslado, sino que persiste en realizarlo del modo anteriormente descrito. De antemano anuncio acciones constitucionales y disciplinarias para que se dejen de infringir mínimos de garantía a una tutela judicial efectiva por parte de la magistrada Lemaitre” señala el escrito.
Asimismo, ante el “silencio inexplicable” del despacho de la magistrada, según el ministerio público, este reiteró su solicitud de revocar la decisión que ha limitado la posibilidad de acreditación de víctimas tras las imputaciones, alegando que sería un desconocimiento de los derechos de estas, cuando en otros macrocasos la posibilidad de las víctimas de acudir a la JEP siempre está abierta.
“Para la Procuraduría, esta decisión carece de fundamento jurídico, vulnera los derechos de las víctimas a la participación y crea un trato desigual frente a otros macrocasos en curso, en donde sí existe esta posibilidad. Es un inamisible obstáculo al acceso de las víctimas a una tutela judicial efectiva. Impresiona tanto desdén con las víctimas” indica el escrito de 60 páginas.
Para el delegado Jairo Acosta, negar la posibilidad a las víctimas, el centro de la jurisdicción, de participar en el caso, con además otros beneficios que trae como la atención psicológica entre otros, va en contra de los preceptos fundamentales de la JEP.
“Por lo anterior, se solicitará a la Sala retome cuanto antes el proceso de acreditación de nuevas víctimas de hechos cometidos por los antiguos miembros del Bloque Noroccidental y que sean de competencia del presente caso, con el fin de que puedan ejercer sus derechos conforme al principio de centralidad de las víctimas” indicó el delegado.
Procuraduría solicita mejorar la formulación de la imputación por crímenes sexuales contra el Bloque Noroccidental
El delegado Jairo Acosta, quien obra ante la JEP en el caso de secuestros, en su concepto, pidió que se resalten como crímenes representativos de secuestro los vejámenes sexuales cometidos por el Bloque Noroccidental contra mujeres y también hombres, pero que se explique de mejor manera qué llevó a que estos casos de violencia sexual fueran considerados como un ataque sistemático y generalizado contra la población objeto de imputación.
“El Ministerio Público demanda de la Sala corregir el Auto 13 del 04 de septiembre de 2024, en el sentido de entregar argumentos razonables y suficientes a propósito de las razones por las cuales considera que se configura el crimen de lesa humanidad en el operar de las estructuras del Bloque Noroccidental. De lo contrario, al no encontrarse acreditados los elementos propios de los crímenes de lesa humanidad, retire la imputación realizada”, dice el escrito.
Por otro lado, la delegada del ministerio público pidió que se impute el delito de esclavitud a los excomandantes del Bloque Noroccidental, al revisar distintos casos donde unidades guerrilleras secuestraron personas como por ejemplo enfermeras para obligarles a atender guerrilleros heridos. También se cometió lo mismo, aceptado por propios excombatientes, con conductores que fueron obligados a transportar miembros de las Farc.
Para el delegado Acosta no es de recibo que la JEP haya dejado por fuera el crimen de esclavitud argumentando que se trató de secuestros menores a 1 mes de duración, o que fueron trabajos “esporádicos”, afirmaciones que podrían resultar revictimizantes caricaturizando el sufrimiento que un secuestro produce en cualquier víctima.
“De este modo, para la Procuraduría es claro y contundente que las estructuras que conformaban el antiguo Bloque Noroccidental de las extintas Farc privaron de la libertad irregularmente a civiles con la especifica finalidad de explotar su fuerza de trabajo por medio de la imposición de trabajos forzados”, expuso el escrito.
Adicionalmente, frente a los casos en los que los frentes de las Farc en Antioquia cometieron horrendos crímenes contra menores de edad, incluso niños con edades inferiores a los 15 años que fueron usados como moneda de cambio para pedir dinero por su rescate, o varios que fueron desaparecidos, la Procuraduría pidió que estos hechos sean de especial petición de reconocimiento a los perpetradores y no meramente incorporados dentro de los cientos de secuestros.
Especialmente, se presentó una profunda inquietud por una situación que se está convirtiendo en recurrente: que el secretariado de las Farc asuma cargos como comandantes máximos de la exguerrilla pero luego esos crímenes sean negados por los ejecutores materiales, generando nuevos escenarios de revictimización.
“…para este delegado estas afirmaciones dejan entrever la negación de los hechos incurriendo en una revictimización que en nada dignifica a la víctima ni aporta al reconocimiento de verdad”, indica el documento.
Así las cosas, el ente de control pidió a la magistratura que se pronuncie sobre esas incongruencias entre lo que reconoce el exsecretariado y luego las negaciones en que incurren los bloques menores.
/WRadio