Colombia se enfrenta a un dilema crítico: mientras la urgencia de generar crecimiento económico es más evidente que nunca, las decisiones políticas y económicas parecen dirigirse en una dirección contraria, con pocas excepciones. En lugar de fomentar una colaboración efectiva entre los sectores público y privado para impulsar el desarrollo, el país parece sumido en una dinámica que limita el crecimiento y desvanece las esperanzas de los colombianos en un futuro mejor.
Para que el crecimiento sea sostenible es crucial que los colombianos tengan acceso a oportunidades que mejoren sus condiciones económicas y profesionales porque tenemos un grave retraso. Según la Ocde, en Colombia se necesitarían 11 generaciones para que una persona nacida en una familia pobre alcance un ingreso promedio.
Un informe de Fedesarrollo advierte que 72% de la reducción de pobreza entre 2002 y 2017 se explicó por los aumentos en el empleo formal y la mejora en los retornos laborales asociados a la educación, mientras que solo 9% se debió a transferencias monetarias o subsidios. Este dato subraya que la creación de empleo formal es esencial para salir de la pobreza, pero a pesar de esto, la inversión privada clave en la generación de empleo formal, encuentra cada vez más limitaciones.
Es como si jugáramos con el crecimiento, desconociendo que sin creación de riqueza, empleo y bienestar no es posible cumplir con el objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades y justicia social.
Actualmente se discuten varias reformas que podrían representar una oportunidad para un futuro con equidad e inclusión, pero lo que proponen es sobrecargar al sistema productivo con tributos y requisitos y promueven una lucha de clases en lugar de priorizar la creación de empleo.
Las políticas, aunque sean bien intencionadas, están mal diseñadas porque en lugar de generar confianza suscitan incertidumbre. Sin inversión privada, no habrá crecimiento y sin crecimiento no se podrá reducir la pobreza ni mejorar la calidad de vida de los colombianos.
En lugar de avanzar, enfrentamos un problema que se agrava día a día. La falta de una política energética provoca dudas y temores para la competitividad de la industria. Los recientes decretos ambientales carecen de claridad, y las reformas aprobadas o en curso -sin el debido consenso y discusión-empeoran el clima de incertidumbre. Por ejemplo, la reforma laboral, aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, parece un mosaico de regímenes especiales que limitan la competitividad, aumentan los costos laborales y perpetúan la informalidad.
A esto se suma la crisis del sistema de salud, que representa 8% del PIB, y la reforma tributaria, que ha incrementado los costos. Y otras políticas que han agudizado esta situación, como la posibilidad de no cumplir con la regla fiscal y disparar el costo de la deuda.
Colombia parece estar atrapada en un ciclo de decisiones que obstaculizan el crecimiento y llevarnos hacia una tormenta perfecta. Como advierte Mauricio Cárdenas: “Colombia en 2026 podría enfrentar un apagón como el que vivió Gaviria, una crisis fiscal como la que heredó Pastrana y desafíos en seguridad similares a los que enfrentó Uribe. Todo esto, en medio de una crisis de salud autogenerada y una oposición como la que enfrentó Duque”.
Si queremos un futuro mejor, es hora de dejar de jugar con el crecimiento y tomar las decisiones necesarias para impulsarlo de verdad.
*Presidenta de AmCham Colombia y Aliadas