Tribunal negó medida cautelar que solicitó la defensa de Uribe
El Tribunal Superior de Bogotá rechazó ayer jueves la medida cautelar solicitada por el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, con la intención de detener la audiencia en curso en su contra.
Este recurso había sido presentado tras la negativa de la juez 44 de Conocimiento, quien no concedió una prórroga de siete días para que la defensa revisara pruebas forenses extraídas de dispositivos electrónicos relacionados con el caso.
Granados, que alegó la violación de las garantías fundamentales de su cliente, expuso en la tutela que «esta trasgresión judicial privó a mi representado de la oportunidad de realizar en debida forma un descubrimiento probatorio completo y adecuado».
A pesar de ello, la jueza consideró que el descubrimiento de pruebas ya se había llevado a cabo, sugiriendo que el nuevo pedido podría interpretarse como una maniobra dilatoria.
El pasado 27 de agosto, el Tribunal también había desestimado un recurso de nulidad presentado por la defensa, que buscaba cerrar el caso contra Uribe. En esta ocasión, la decisión se basó en la revisión de un recurso de queja, en el que se argumentó que la jueza se había equivocado al rechazar la solicitud de nulidad sin un análisis profundo.
En su defensa, Granados argumentó que «en una imputación, uno debe saber de qué lo imputan, qué conforma esa imputación». La defensa sostuvo que existían deficiencias en la formulación de cargos que comprometían el derecho a la defensa del exmandatario.
Sin embargo, el magistrado Manuel Antonio Merchán reiteró que no se habían vulnerado derechos fundamentales, lo que llevó a la denegación del cierre del proceso.
La investigación que se sigue contra Uribe tiene sus raíces en un debate de control político llevado a cabo en 2018, cuando el senador Iván Cepeda reveló testimonios de exparamilitares que implicaban al expresidente en supuestos vínculos con grupos armados ilegales en Antioquia.
A medida que avanzaba la investigación, varios testigos comenzaron a retractarse, aunque Juan Guillermo Monsalve afirmó recibir presiones.
La Corte Suprema, tras archivar la indagación contra Cepeda, inició una investigación contra Uribe. En 2019, la Sala de Instrucción llamó a Uribe a indagatoria y, en agosto de 2020, ordenó su detención domiciliaria. Tras su renuncia al Congreso, el expediente fue trasladado a la Fiscalía, que inicialmente intentó cerrar el caso, pero encontró oposición en dos ocasiones.
La Fiscalía ha ampliado la investigación contra Uribe por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y un nuevo cargo de soborno, relacionado con un caso que involucra a la exfiscal condenada Hilda Niño, quien supuestamente recibió una oferta de soborno por parte del abogado Diego Cadena./Colprensa