La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó este miércoles el sometimiento de la exsenadora Piedad del Socorro Zuccardi por no cumplir con el compromiso de presentar aportes claros y exhaustivos sobre el paramilitarismo en la Costa Caribe.
La sala determinó que los documentos aportados por Zuccardi no fueron considerados aptos ni admisibles para esta Jurisdicción.
Zuccardi, quien había solicitado someterse en calidad de agente de Estado no integrante de la fuerza pública, se encontraba bajo acusación en la justicia ordinaria por presuntamente colaborar con el ingreso y expansión de las estructuras paramilitares en Bolívar.
La exsenadora fue vinculada a los bloques Héroes de Montes de María, Norte y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que entraron en el departamento en 1997.
En el análisis de su solicitud, la SDSJ tuvo en cuenta una acusación previa de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fechada en octubre de 2013.
La Corte alegaba que Zuccardi y su grupo político facilitaron la entrada de Salvatore Mancuso en el sur de Bolívar para apoyar a los paramilitares conocidos como «Ernesto Báez» y «Diego Vecino» durante el período de 1998 a 2007, cuando Zuccardi se desempeñó como congresista.
Zuccardi había argumentado que sus reuniones con miembros de las AUC fueron en calidad de senadora y dentro de un marco «estrictamente institucional».
Además, negó haber favorecido la incursión de las AUC en Bolívar y aseguró que los testimonios que la vinculan con el paramilitarismo eran «inducidos o manipulados».
El Tribunal de paz determinó que las justificaciones presentadas por Zuccardi resultaron «intrascendentes e impertinentes». La sala concluyó que, conforme al estándar de verdad exigido por la Sección de Apelación de la JEP, los aportes de Zuccardi no cumplen con los requisitos necesarios para aceptar su sometimiento en esta Jurisdicción.
Como resultado, la JEP ordenó el regreso de todos los procesos contra Zuccardi a la Corte Suprema de Justicia. La resolución de la sala deja en claro que la exsenadora concertó acciones con miembros de grupos de autodefensas que perseguían un beneficio mutuo e ilegal.
/Colprensa