La Procuraduría General de la Nación solicitó este lunes al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, aclaraciones respecto a la intervención de la empresa Air-e, buscando conocer los fundamentos técnicos y legales que llevaron a dicha decisión.
A través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, el Ministerio Público pidió que se precisara cuál fue el estudio técnico que sirvió de base para solicitar a la CREG el concepto favorable que permitió la toma de posesión de Air-e.
Asimismo, pidió identificar las causales de la Ley 142 que justificaron la medida.
En el documento enviado por la Procuraduría, también se cuestionó sobre los recursos financieros que empleará la Superintendencia para garantizar la continuidad del servicio, así como los costos mensuales necesarios para mantener la operación en la zona de cobertura de Air-e.
Además, indagó sobre el saldo pendiente por cobrar de la Opción Tarifaria y solicitó un reporte de los subsidios causados y no entregados hasta agosto de 2024.
El ente de control también pidió información sobre el estado de indicadores clave como las pérdidas de energía, el recaudo y la calidad del servicio, particularmente los índices SAIDI y SAIFI, que miden la duración y frecuencia de interrupciones del servicio.
Finalmente, la Procuraduría recordó que su función es preventiva y de articulación, no de coadministración, y destacó que su objetivo es asegurar el cumplimiento normativo por parte de las entidades competentes para resolver posibles afectaciones en la prestación de servicios públicos en el territorio.
/Colprensa