Desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe solicitaron que se realice una auditoría forense a la empresa de energía Air-e, después de que se conociera que la organización envió una carta al Gobierno nacional en la que advirtió sobre los graves problemas financieros que vendría presentando por el no pago de deudas por parte del Estado como la opción tarifaria de energía y los subsidios para los usuarios de los estratos 1,2 y 3.
Según la información que se ha conocido, la compleja situación financiera de la empresa derivó, entre otras razones, del precio de la energía en bolsa que ha incrementado un 500% en 2 meses.
Por lo anterior, se ha solicitado al Gobierno tomar medidas urgentes ante el riesgo de un estallido social en la región y la posibilidad de que la empresa no pueda seguir operando en la Costa norte del país.
En total, el sector público le adeuda a la empresa un monto superior a los $1.8 billones de pesos.
Desde la entidad también han mencionado que, pese a que la calidad del servicio ha mejorado un 68% por su plan de inversión, esta no podría continuar funcionando por los altos costos de la energía.
Sobre lo último, las recientes semanas el precio del kilovatio/ hora alcanzó los $720 pesos, agravando la situación.
Tras conocerse la información, organizaciones sociales se han pronunciado por la situación de insolvencia de Air-e, exigiendo la “aplicación rigurosa de los principios de auditoría, tanto interna como externa, previstos en la Ley 142 de 1994, artículos 45 a 52, especialmente el inciso cuarto del artículo 51, que ordena a la auditoría externa”.
“Asimismo, esta situación demuestra el fracaso de la política de privatización del patrimonio público contenida en la Ley 142 de 1994 que le aplicaron a la empresa CORELCA que era un patrimonio de toda la región Caribe, para desfallecer con Electricaribe y AIR-E. Son casi treinta años de fracasos de la política estatal en el servicio eléctrico”, se lee en el pronunciamiento de la Liga de Usuarios.