Colombia marca un deshonroso récord: otra vez es el país del mundo donde más asesinan líderes ambientales
En Colombia ser líder ambiental es ―casi― una sentencia de muerte. De acuerdo con el más reciente informe de la oenegé británica Global Witness, que desde el 2012 acumula registros de los defensores de la tierra asesinados en el mundo, en 2023 Colombia no solo fue el país, por segundo año consecutivo, donde más muertes de defensores se registraron, con un total de 79 asesinatos, sino que además esa cifra es la más alta registrada por un Estado durante un año desde que la organización internacional tiene información. En la lista le siguen, bastante lejos, Brasil (con 25 muertes), Honduras (18), México (18) y Filipinas (17).
De acuerdo con los reportes, entre 2012 y 2023 han sido asesinadas en todo el mundo 2.016 defensores de la tierra, y Colombia ha acumulado el 21 por ciento de esas muertes, con un total de 461, que lo ha llevado a ocupar en cinco ocasiones el primer puesto entre los países donde más se registran asesinatos.
En dicha lista le siguen Brasil (con 401 muertes), Filipinas (298), México (203), Honduras (149), Guatemala (86) e India (86). Además, en nuestro país es notable el aumento de las cifras desde 2015, es vísperas de la firma del Acuerdo de Paz y cuando se registró una redistribución en las violencias dentro de las zonas más apartadas del país.
En 2023 fueron asesinados 79 defensores de la tierra en Colombia. En todo el mundo se registraron 196 asesinatos.
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Entre las 79 voces de defensores de biodiversidad que se apagaron el año pasado en Colombia, de acuerdo con el informe, un total de 31 eran indígenas y seis miembros de comunidades afrodescendientes; lo que se alinea con uno de los datos claves del documento: en todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes fueron el 49 por ciento de las víctimas mortales de la violencia, lo que demuestra que un enfoque étnico es clave en la protección de estas voces que alzan a diario su voz por la naturaleza.
Además, la inmensa mayoría de los ataques registrados durante el año pasado se produjeron en los departamentos del suroccidente, donde hoy se libra un conflicto entre las disidencias y otros actores armados ilegales que buscan controlar el territorio para obtener rentas ilícitas a partir de la explotación de la naturaleza para siembra de cultivos ilícitos o minería ilegal, o bien para apropiarse de la tierra.
En dicha lista, el departamento que encabeza los registros de asesinatos es Cauca (26), seguido por Nariño (9) y de tercero Putumayo (7). Según señala el informe de Global Witness, “se sospecha que los grupos del crimen organizado son los autores de la mitad de los asesinatos de defensores en Colombia en 2023”.
“Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha comprometido a reducir la violencia, esto no se ha traducido todavía en una disminución de las represalias contra algunos de los activistas y comunidades más vulnerables del país. Por el contrario, la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales parece ir en aumento, y la organización colombiana Programa Somos Defensores no informa de ninguna mejora significativa en las tendencias generales. El gobierno colombiano tiene una oportunidad histórica para abordar estos retos como anfitrión de la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en octubre de 2024”, señala el informe.
Crímenes anuales registrados en todo el mundo por Global Witness.
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Según explica la coordinadora del Programa Somos Defensores, Astrid Torres, lo que muestra el documento de Global Witness debe generar en el país alerta y preocupación por la falta de efectividad por parte del Estado colombiano para proteger a quienes defienden los derechos del medioambiente. En su concepto “es muy diciente” que Colombia siga liderando la lista, porque eso está relacionado con la profundización del conflicto y el extractivismo que se está presentando en el territorio.
“El informe muestra una falla estructural en el tiempo por parte del Estado colombiano para detener esta situación y proteger a sus defensores y defensoras. Pero también el alto nivel de impunidad que hay sobre estos asesinatos permite que se repita en el tiempo esta grave situación. Yo creo que es muy dramático ser el país donde más se asesinan defensores de la tierra. Es vergonzoso, además, porque Colombia tiene un alto nivel de desarrollo normativo para hablar de la protección de personas defensoras. Pero esta arquitectura normativa no está funcionando y una muestra de ello son las 79 personas asesinadas en 2023”, señala Torres, cuya organización apoya desde Colombia el desarrollo de estos informes.
Para ella, hay varios puntos en lo que se está fallando y que nos lleva a esta realidad: para empezar que el Estado es incapaz de coordinar sus distintas instituciones para proteger estos liderazgos; lo segundo en que muchas de estas muertes quedan en la impunidad porque no se avanza en las investigaciones contra las organizaciones y autores materiales e intelectuales de estos crímenes; lo tercero es que los actores armados están siendo en gran medida los responsables, que aunque negocian actualmente la paz ―bajo el concepto de Torres― “parecen no tener realmente una disposición para dialogar y detener las agresiones”; el cuarto punto es porque, según muestra el informe, en Colombia hay empresas privadas que atentan contra la vida de los protectores de la biodiversidad que se atraviesan sus intereses; y finalmente con que el modelo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) está fallando y hay que cambiarlo.
Con ese último punto coincide Vanessa Torres, subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad, quien resalta que, si bien desde hace varios años existe “un compromiso” de reformar la UNP, eso no se ha hecho, y son en gran medida las fallas de esta entidad las que impactan en la seguridad que deberían recibir los líderes en distintas regiones, quienes en muchos casos solo obtienen un celular o un chaleco antibalas para su protección.
“Muchas de estas personas que fueron asesinadas estaban tramitando unas medidas de protección que no les fueron asignadas o incluso tenían medidas asignadas que no funcionaban. Adicionalmente nos enfrentamos a un escenario de conflictividad que está en aumento. Sabemos la situación y lo evidenciamos en el trabajo que realiza Ambiente y Sociedad en territorio amazónico donde cada vez es más difícil identificar cuáles son los grupos armados que están presentes en los territorios y entender cuál es la dinámica de estos grupos y el interés específico que tienen. Sabemos obviamente que tienen un interés económico y de tenencia sobre la tierra, pero no hay claridad en el avance de acuerdos pese a los diferentes escenarios de negociación que está impulsando este gobierno”, agrega.
De acuerdo con la experta, si bien la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú no se traducirá automáticamente en que se resolverán todos los problemas de los defensores, sí es cierto que su entrada en vigencia dentro del marco normativo se traducirá en mayores herramientas para que el Estado, que es quien debe proveer la protección a los líderes ambientales, pueda tomar medidas más eficientes para la salvaguarda de estas voces.
“El Acuerdo de Escazú no va a llegar a resolver todos los problemas que tenemos en Colombia, pero sí abre la posibilidad del reconocimiento de la categoría de defensor ambiental dentro del marco normativo nacional. En este momento en Colombia no existe la definición dentro de ninguna norma de qué implica ser un defensor del ambiente. Con Escazú esto ya se integra de manera automática”, señala Torres.
América Latina, cada vez más peligrosa
Otro de los puntos que resaltó el informe es que, nuevamente, América Latina registró el número más alto de homicidios de todo el mundo, con un total de 166: 54 en México y Centroamérica y 112 en Suramérica; lo que se traduce en el 85 por ciento de los casos registrados durante el año pasado.
En dicho análisis se resalta el caso de Centroamérica, donde cada vez es más peligroso proteger la tierra. En 2023 Honduras registró el mayor número de homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18. Ese mismo año también se asesinó a 10 personas defensoras en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá.
Los cinco países donde más defensores de la tierra son asesinados.
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Por otra parte, si bien sigue siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una persona defensora e intereses empresariales concretos, Global Witness determinó que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, con 25 personas defensoras asesinadas en todo el mundo tras oponerse a operaciones mineras en 2023, y de ese total 23 de los asesinatos ocurrieron en América Latina. Otros sectores involucrados fueron la pesca (5), la explotación forestal (5), la agroindustria (4), las carreteras e infraestructuras (4) y la energía hidroeléctrica (2).
“Mientras la crisis climática avanza apresuradamente, quienes alzan voz con valentía para defender nuestro planeta se enfrentan a actos de violencia, intimidación y asesinato. Nuestros datos indican que el número de homicidios sigue siendo escandaloso y los gobiernos no pueden mantenerse impasibles ante esta situación completamente inaceptable: deben tomar medidas contundentes para proteger a las personas defensoras y abordar las causas ocultas de la violencia que sufren. Las personas activistas y sus comunidades son esenciales en cualquier labor para prevenir y reparar los daños y perjuicios causados por las industrias nocivas para el medioambiente. No podemos permitirnos la pérdida de más vidas; no lo toleraremos”, señaló Laura Furones, autora y asesora principal de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.
EL TIEMPO consultó al Ministerio de Ambiente y a la Unidad Nacional de Protección sobre las medidas que se están tomando para hacerle frente a esta realidad y señalaron que el Gobierno está preparando un pronunciamiento conjunto sobre las medidas a tomar que se haría en la próximas horas
/ElTiempo