El imperio del Estado y de la Ley
El país está nadando en coca hace rato. Ya lo había advertido hace unos 3 o 4 años el entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, cuando encendió las alarmas de lo que se estaba negociando en Cuba permitía que no se tocara los cultivos ilícitos y antes por el contrario, cesara toda acción represiva del Estado y en cambio se aceptara el engaño de la sustitución voluntaria. Pues bien. Caímos en la trampa y ahí tienen los resultados.
El Gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que no le temblará la mano para proceder salvaguardando los altos intereses de la Nación. Y erradicar esos malditos cultivos a como dé lugar es su prueba de fuego.
El Estado colombiano tiene poderosísimas razones para acabar de la manera que lo crea conveniente con ese cáncer que trata de acabarnos el país. Una sola razón blindada y jurídicamente protegida tiene el Presidente Duque para no prestarle atención a los áulicos y padrinos de los cultivos ilícitos: debe actuar por motivos de seguridad nacional. Así de sencillo. No hay una razón más poderosa que ella, para fumigar y destruir esos cultivos; para invadir lo que haya que invadir por parte de la fuerza pública para que se logre el imperio de la Ley. Si ello tiene consecuencias, pues resultarán inevitables, pero el Presidente de la República debe salvaguardar la vida de 49 millones de compatriotas.
Las 171 mil hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia, de acuerdo con el estudio de la ONU, suponen alrededor de 1.379 toneladas de producción potencial de cocaína.
Esto, según podría deducirse de las tablas presentadas, significaría más de seis mil millones de dólares como valor general del negocio en un año, si se entiende que cada kilo de clorhidrato de cocaína cuesta cuatro millones y medio de pesos. Una cifra verdaderamente abrumadora.
Asimismo, habría que descontar las 435 toneladas incautadas. En todo caso, la producción del alcaloide en Colombia, al monetizarse, oscila entre los 16 y 18 billones de pesos.
En el caso de utilizarse la cifra de 209 mil hectáreas sembradas, dada por el último informe de las autoridades norteamericanas, el negocio tendría réditos superiores.
La diferencia, entre los datos de la ONU y de Estados Unidos, es que la versión norteamericana da un menor rendimiento por hectárea sembrada frente al presupuestado por el organismo multilateral.
Queda claro, a su vez, que la dramática situación arrancó desde 2014, por cuanto hasta el año inmediatamente anterior se había logrado una reducción hasta 48 mil hectáreas. De acuerdo con el informe de la ONU a partir de entonces se creció a un ritmo de 45 por ciento anual. Este incremento constante, señala el mismo estudio, sucedió en el marco de las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc y asimismo dentro del cambio de estrategia abocado por la administración Santos en su segundo mandato.
Para lograr retornar prontamente a cifras manejables es indispensable, ciertamente, un plan coherente, cuya esencia sea la voluntad política para llevarlo a cabo y no cambiarlo en la mitad de las operaciones.
Se debe actuar en consecuencia y sin consultar a nada ni a nadie. Las comunidades cocaleras son tan responsables de la tragedia del narcotráfico, como quienes trafican con la maldita droga. Adelante Señor Presidente. Que no le tiemble la mano.