El Consejo de Estado admitió, para su estudio, una tutela que busca que el presidente de la República, Gustavo Petro; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo y el director de la Unidad Nacional de Protección – UNP, Augusto Rodríguez, garanticen la vida e integridad de las víctimas amenazadas por quienes hoy son gestores de paz.
Según las víctimas, los responsables de garantizar su seguridad, que son la UNP, le comunicaron al representante legal Velázquez el desmonte del vehículo blindado que hace parte de su esquema de seguridad, mientras que, a los gestores de paz se les está entregando garantías de seguridad, a pesar de que, según la tutela, siguen delinquiendo.
La decisión se da en medio de la coyuntura en la que hace poco, en un retén de Ejército y Policía de Antioquia, había miembros de las Farc escoltados y movilizados por camionetas de la UNP.
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