La Procuraduría General de la Nación inició un proceso de indagación que vincula a varios exintegrantes del gabinete de Petro y organismos de seguridad, entre ellos está el exministro de Defensa, Iván Velásquez, y el excomisionado Danilo Rueda.
El organismo de control también incluyó en sus diligencias a Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y a Ricardo Rosania, quien se desempeñó como jefe de contrainteligencia de dicha entidad.
La Procuraduría General de la Nación inició un proceso de indagación que vincula a varios exintegrantes del gabinete de Petro y organismos de seguridad, entre ellos está el exministro de Defensa, Iván Velásquez, y al ex alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. El organismo de control también incluyó en sus diligencias a Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y a Ricardo Rosania, quien se desempeñó como jefe de contrainteligencia de dicha entidad.
El origen de este trámite reside en la difusión de una serie de registros sonoros que documentan encuentros sostenidos en septiembre de 2022. Las grabaciones corresponden a reuniones entre representantes del Gobierno y delegados de la estructura denominada Ejército Gaitanista de Colombia, también conocida como el Clan del Golfo.
Uno de estos encuentros fue en la región del Urabá antioqueño, durante una mesa de conversación donde estuvieron presentes Danilo Rueda y Luis Armando Pérez, identificado con el alias de ‘Jerónimo’, junto a asesores jurídicos del grupo armado.
En los audios se discuten medidas orientadas a la reducción de la intensidad de las acciones militares. Los registros mencionan el compromiso de suspender los bombardeos aéreos en zonas donde el grupo tiene presencia. El excomisionado Rueda utilizó la frase “jugar a los congelados” para proponer una inmovilidad táctica compartida entre las fuerzas del Estado y la organización ilegal.
Las partes también habrían abordado la posibilidad de frenar procesos de extradición y realizar cambios en los mandos de inteligencia policial.
La investigación analiza si estas conversaciones guardan relación con el retiro de 35 oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía, ocurrido apenas cinco días después de la posesión presidencial.
Los audios sugieren que estas remociones se plantearon para facilitar el desarrollo de los acercamientos. Ante estas menciones, Iván Velásquez manifestó que la evaluación de los altos mandos fue un proceso técnico y riguroso en el que Rueda no tuvo participación alguna.
Velásquez también negó haber validado acuerdos que restringieran las atribuciones de la Fuerza Pública.
Por su parte, Danilo Rueda defendió sus actuaciones indicando que se enmarcaron en una fase exploratoria de la política de Paz Total y explicó que sus declaraciones sobre el “quietismo” eran una metáfora para establecer un espacio de diálogo necesario en los procesos de reducción de violencia.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría, se pidió al Ministerio de Defensa un resumen ejecutivo de los bombardeos realizados contra esa estructura armada en el marco de la Política de Paz Total. Además, la Consejería de Paz deberá remitir los acuerdos suscritos en medio de la negociación.
También se solicitó una declaración juramentada al exdirector de la Policía, Henry Sanabria, para que entregue información sobre lo que le conste frente a las revelaciones hechas por Noticias Caracol.