Negada recusación contra magistrados investigadores

​El Consejo Nacional Electoral negó las recusaciones presentadas contra los magistrados de esa corporación Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, a cargo de los procesos que se adelantan contra la campaña electoral del presidente en 2022.

El alto tribunal determinó que los tres magistrados podrán continuar conociendo del caso.

Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron hace algunas semanas una ponencia ante la sala plena de la corporación, con el fin que la misma decida abrir pliego de cargos contra varios funcionarios de la campaña presidencial, incluido el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la misma.

La ponencia señala que para la primera vuelta presidencial se superaron los topes electorales en $3.709 millones, mientras que para la segunda vuelta se habrían dejado de reportar al menos $1.646 millones, lo que llevaría a un gran total de $5.355 millones, de acuerdo a lo que se indica en la ponencia.

Entre las cuentas, están el aporte de 500 millones de pesos que hizo en su momento la Federación Colombiana de Trabajadores, Fecode; un supuesto préstamo que entró a la campaña de parte del partido Polo Democrático, también por $500 millones, al igual que los $931 millones con los que se pagó la gestión de los testigos electorales y otros $356 millones que fue dinero de la propaganda electoral.

LA VOTACIÓN

Con una votación de 8-1, la sala plena confirmó su competencia para investigar a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, lo que no quiere decir necesariamente que se esté declarando competente para imputar al primer mandatario.

​Aunque en la ponencia radicada por Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz se pidió imputar a Gustavo Petro como máximo responsable de la campaña, fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional confirmaron que el fuero presidencial es integral, por lo que la Comisión de Acusaciones es la única competente para asumir procesos administrativos y penales contra el Presidente.

Esto implica que pronto, como aclararon magistrados, el tribunal electoral tendrá que definir cómo debe proceder puntualmente frente al presidente de la República. Por el momento, lo único claro es que el CNE sí tiene competencia para revisar todas las campañas, incluyendo la que gane la Presidencia.

La decisión de este miércoles desbloquea los dos procesos que lleva el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. El primero, y el que se ha llevado la mayor atención, es el de la presunta financiación irregular y el segundo es por el presunto comienzo antes de tiempo del proselitismo político y las cuñas radiales.​

Este segundo caso estaba detenido mientras que la sala plena definía tanto el futuro de los tres magistrados como las competencias. Aunque era uno de los casos con más avances, se había preferido no seguir adelante pues lo que se decidiera en el caso de financiación afectaba directamente al segundo proceso.

Desde hace dos meses se conoció que el magistrado Alfonso Campo había radicado ponencia para imputar cargos por el posible inicio de campaña política antes de tiempo, la sala no había avanzado en este proceso mientras se pedía la rotación del proceso y se aclaraba las incógnitas del otro caso que se desarrollaba en paralelo.

Tras las decisiones de este miércoles se espera que este caso avance, igual que el de presunta financiación irregular. En este caso, magistrados apuntaron que lo más probable es que el proceso comience a pedirse en rotación para que cada magistrado lo conozca a profundidad y puedan emitir un concepto.

En ambos procesos será la sala plena la que decida si imputa o no. Será en esta fase que se decida qué pasará con el apartado en el que está directamente relacionado el presidente Gustavo Petro. Los fallos pasados hacen pensar que será en esta etapa que se envíe el dossier relacionado con el primer mandatario a la comisión de acusación.

De formularse cargos contra los otros implicados de la campaña, se procedería a la notificación y se inicia un término de 15 días para que se contesten los cargos, se ejerza la defensa y se controviertan las primeras pruebas. Luego se da el término probatorio y se da traslado para los alegatos de conclusión y será luego de esta última etapa que se decida de fondo.

Todavía falta un amplio trecho para tener decisiones en firme en ambos procesos, pero al menos ya se superaron las primeras etapas.