El arte de legislar y espíritu de las leyes
La notoriedad pública que en nuestro país han alcanzado la actividad parlamentaria en general y el trámite legislativo en particular, nos mantiene informados al detalle cuánto y cómo resulta traumático, no sólo el camino de discusión y aprobación, sino el espíritu de nuestras leyes, es decir, como vive afectada la legalidad que las gobierna y su finalidad, si nos referimos a aquellas normas que mandan, ordenan, obligan, prohíben o castigan.
En el anterior sentido, las leyes que expida el Congreso no podrán ser producto del capricho, la pasión o los intereses políticos de sus integrantes, pues caerían sin discusión alguna, en el riesgo de pertenecer a la categoría de las leyes injustas y jurídicamente inestables, tampoco servirían para modelar o estructurar el orden social que pretendemos.
Se ha aceptado casi sin discusión alguna en nuestro medio, que el lenguaje anterior de nuestras leyes era menos técnico, pero más sencillo, más elocuente, más comprensivo. El ambiente legislativo de hoy -me refiero al contenido material de las leyes- se percibe farragoso, redundante, invadido de nociones o figuras confusas o complejas, que se convierten en presa fácil de la anulación judicial. La pérdida de confianza en la Ley se ha trasladado entonces al manejo incierto de la sociedad, a la inseguridad que genera el significado de su texto -en la mayoría de los casos despreciado por los ciudadanos- y a la dificultad extrema por parte del Estado de una adecuada y eficiente aplicación.
Un ejemplo diciente de la desatención con que se tramitan las leyes en el Congreso, lo demuestra el proceso de discusión y aprobación en los días presentes del régimen de transición en la reforma pensional presentada a su consideración por el gobierno nacional. Es parte de lo que bien se ha llamado “la depravación general del estilo de las leyes”: congresistas distraídos, -muchos votan sin saber lo que votan- sin asesoramientos ni experiencias en el tema, tal vez expertos en temas diferentes al Derecho pero ignorantes en el que discuten y cuyo lenguaje legislativo se encuentra en disonancia con el lenguaje común de las gentes, con sus necesidades y apremios, especialmente en un tema que concita la especial atención de una parte tan importante de la comunidad como son las personas mayores. Muchos argumentan lo absurdo y con su voto construyen normas de las que se benefician en el quehacer político, soslayando el arte de legislar, de construir buenas leyes, y marchitando el espíritu racional de las leyes.
La ley entonces debe obedecer a un proceso sociológico-racional, muchas veces lógico de representar el estado de las cosas, que, como todo arte se ilustra con la exigencia humana de proteger la vida, el trabajo, el honor, la salud, la justicia, la libertad, la propiedad privada y tantos otros valores que los textos legales preservan a partir de su puesta en conocimiento de los ciudadanos. Ella -la ley- debe terminar elaborada en un contexto soberano por legisladores probos, expertos, íntimamente responsables del orden social justo, conectados honestamente con la vida comunitaria, y que en su texto y su lenguaje estén representados el sentir del poder normativo parlamentario y la autoridad que el pueblo les entrega.
Con el apoyo de la ciencia, el arte de legislar debe significar el arte de hacer leyes virtuosas, que resuelvan con su ayuda los apremiantes problemas de las gentes, que ordenen la sociedad y hagan el Estado siempre eficiente y completamente justo. Que el Congreso recuerde como de hoy, esta frase de más de doscientos años: “Las buenas leyes son el único objeto de la felicidad nacional”.
*Abogado laboralista*Profesor universitario*Historiador