EE.UU. tiene en ´la mira´ a Nicolás y Juan Fernando Petro por corrupción
El hermano e hijo del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando y Nicolás Petro Burgos, aparecieron en el radar de la justicia de los Estados Unidos. Un informe los menciona en un tramado de corrupción con dineros de criminal procedencia en los que está interesada la justicia de ese país de conocer más a fondo.
El Gobierno de los Estados Unidos reveló una alarmante situación de derechos humanos y corrupción en Colombia. Este reporte anual sorprende por haber incluido en el capítulo de corrupción a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y a Juan Fernando Petro, hermano del presidente. La mención se da en el apartado que dedica Estados Unidos al hablar de la situación de la corrupción en la política colombiana.
Advierte el Departamento de Estado que la ley establecía sanciones penales por corrupción de funcionarios y, en general, el gobierno implementó estas leyes de manera efectiva, aunque en ocasiones los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas sin castigo.
“Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción”, se lee en el documento.
Y agrega Estados Unidos: “La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. La corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas. Los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes”, relata el explosivo informe del Gobierno de los Estados Unidos.
En todo caso, la preocupación sí se mantiene en varios temas como ocurrió en el reporte anterior.
Por ejemplo, el informe señala que organizaciones criminales, disidencias de las FARC, el ELN y delincuencia común secuestraron a varias personas.
El Departamento de Estado deja claro, inicialmente, que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año”.
EL INFORME
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presentó un detallado informe sobre las prácticas de derechos humanos en varios países durante 2023, poniendo especial énfasis en la situación de Colombia. El documento abarca extensamente los retos en materia de corrupción gubernamental y derechos humanos, subrayando investigaciones de alto perfil, como a Nicolás Petro y Juan Fernando Petro a quienes se les investiga por la financiación de la campaña presidencial.
En su apartado sobre “Corrupción en el Gobierno”, Blinken señaló que aunque Colombia cuenta con leyes que establecen sanciones penales por corrupción y estas se implementan en general de manera efectiva, aún persisten casos de funcionarios que incurren en prácticas corruptas sin recibir castigo. “Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia”, destacó Blinken.
La corrupción administrativa en los puertos, facilitando el tránsito de drogas ilícitas, y las amenazas contra periodistas que informan sobre la corrupción fueron puntos críticos mencionados por Blinken. Además, el informe revela que la Fiscalía General ha abierto investigaciones contra figuras cercanas al presidente, incluidos su hijo y su hermano, por presuntamente aceptar pagos irregulares que habrían financiado la campaña electoral de 2022.
En cuanto a los derechos humanos, el documento hace eco de las denuncias de violaciones cometidas por algunos miembros del Estado y la violencia ejercida por grupos armados, incluyendo el asesinato de más de 1.000 defensores de derechos humanos desde enero de 2016, con 166 condenas obtenidas hasta la fecha. Los asesinatos, según el informe, a menudo presentan motivaciones complejas y difusas.
El informe también se refiere a los procesos de paz en el país, reconociendo que muchos disidentes de las FARC no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Además, menciona un cese al fuego firmado con las disidencias de las FARC, que fue suspendido, y las actividades del ELN, que incluyen actos de terror y violencia contra la población civil y fuerzas de seguridad, a pesar de estar en negociaciones con el gobierno.