La cacareada reforma judicial
La hipocresía de la sociedad no tiene límites. Por estos días nos ruborizamos de nuestros propios inventos tras ver desfilar las libertades de los protagonistas de los principales escándalos de corrupción que han sacudido al país, y nos alebrestamos pidiendo mano dura contra los jueces que lo han permitido y cambio de legislación. Pero es oportuno que el país se escandalice para que se peñizque y mire con realismo que tenemos un sistema judicial endeble, hecho a la medida del delincuente, porque hay que hacerle honor a esa máxima que la tenemos ´constitucionalizada´ y aquella perversa concepción que dice: ´hecha la ley, hecha la trampa´. De tal manera que recibir con indignación lo que en su momento aprobamos es un buen síntoma de que en este país muchas cosas deben rectificarse al momento de hablar de justicia y se debe comenzar por lo de arriba; acabar con la impunidad rampante con la que se arropan los altos aforados del Estado y de ahí para abajo que entre el diablo y escoja.
La sociedad se ha ido dando cuenta que la ley del soplón, la ley de la confesión, la ley de la devolución, la ley de redimir penas y otras tantas leyes escondidas en los códigos y normas expedidas con nombres propios, es una afrenta para el Estado de Derecho que todos desearíamos.
Por eso salta a la palestra nuevamente la oportunidad de hacer una reforma a la justicia para la cual tenemos dos caminos: concertarla con el ratón poniéndole el queso, esto es vía Congreso, o acudir al camino mas expedito, cierto oportuno como lo es una Asamblea Nacional Constituyente.
El problema de base consiste, en buena medida, en que Colombia se ha acostumbrado a ver el derecho penal como la tabla de salvación de todos los problemas nacionales. Pero el derecho penal es, al fin y al cabo, una legislación para conductas extremas que debería ser, precisamente, excepcional. De hecho, es el derecho civil el que rige las conductas comunes entre los ciudadanos. Su buena marcha es la que hace a un país más civilizado. Cuando el derecho penal toma ese puesto se denota, en cambio, una falencia social de graves características. Por eso se recurre al expediente continuo de aumentar las penas, pensando que ello actuará como la vara mágica que lo solucione todo. Al mismo tiempo, aparece la desesperanza cuando se constata que esto no es así. Desde luego, uno de los factores clave del derecho penal es la disuasión. Cuando ella se desvanece, este aparato normativo pierde parte importante de su razón de ser. Y en tal sentido es por supuesto válido preguntarse qué tan disuasivo está resultando el régimen penal actual dentro de la sociedad colombiana. Sería un estudio pertinente, para juristas expertos, más allá de las controversias de cada tanto, sin conclusiones efectivas.
De otra parte, la constante politización a que se someten la mayoría de las acciones judiciales, como se ha vuelto costumbre en el país, lleva a la incertidumbre y a imponer un manto de duda sobre las autoridades. En ese caso, terminan pesando más los factores políticos que los jurídicos. Es lo que está ocurriendo con los casos de alto impacto. Por supuesto que la justicia no puede estar exenta del escrutinio público. Mucho menos en un país en el que se ven casos tan aberrantes como el del “Cartel de la toga”.