EPS habrían desviado $9 billones entregados por el Estado a la salud

Varias EPS habrían realizado malos manejos de los recursos que les Estado les entrega para la atención de los pacientes. Las inconsistencias identificadas por los organismos de control superan los nueve billones de pesos y las alertas ya encendieron la posibilidad de investigaciones penales.

La fiscal general Luz Adriana Camacho se reunió con el contralor en funciones (e) Carlos Mario Zuluaga para conocer los informes respecto al manejo de los dineros públicos de la salud por parte de las EPS. El jefe del ente de control advirtió que habría irregularidades en varias de las aseguradoras, respecto al manejo de la unidad de pago por capitación (UPC).

A raíz de las alertas que entregó la Contraloría, la fiscal general ordenó que se conforme un equipo especial de fiscales, expertos, peritos de finanzas criminales, criminalidad organizada y seguridad territorial para que se encarguen de analizar la información y verificar las inconsistencias en los recursos de la UPC.

En la reunión, también se definió que la Fiscalía y la Contraloría trabajarán de la mano para defender los recursos de la salud. La primera acción será verificar cuánto y en qué se han gastado los recursos del Estado las EPS del país y determinar si hay hechos delictivos o irregularidades.

El organismo de control le ha hecho seguimiento a los recursos de las EPS. Incluso, su alerta sobre las reservas técnicas en las que solo cumplieron cinco entidades generó una profunda revisión por parte del Gobierno nacional y ha sido la base para las intervenciones de la Superintendencia de Salud.

Sin embargo, los hallazgos no se quedaron únicamente allí. La Contraloría, de acuerdo con Cambio, le hizo seguimiento al uso de la UPC por parte de las EPS, lo que generó una nueva alerta debido a que 18 de esas compañías habrían gastado casi 9 billones en conceptos no autorizados.

La norma establece usos específicos para los dineros que reciben las EPS del Estado en términos de UPC, como la mayoría de medicamentos y algunos tratamientos. Invertir esos recursos en el pago de otros servicios es una irregularidad que conlleva sanciones.

Dentro del análisis de la Contraloría se habrían identificado desvíos de recursos de la UPC para el pago de servicios, aparentemente inexistentes, entre estas empresas y las propias clínicas de su grupo empresarial, lo que se conoce como integración vertical.

Habría casos de mayor gravedad. De acuerdo con el medio citado, la auditoría también concluyó que hubo pagos de inmuebles, honorarios personales y hasta infraestructura, los cuales podrían acarrear investigaciones por presunta corrupción.

RESPONDE PETRO

El presidente Gustavo Petro se habría referido a través de sus redes sociales a los posibles desvíos en el uso de la UPC. “El solo hecho que personas con capacidad de pago paguen con sus recursos la medicina prepagada pero cuando necesitan alguna intervención la EPS la financie con los recursos públicos implica un robo al ciudadano que paga la prepagada y un robo al Estado”, señaló el mandatario.

“No vamos a parar. Iniciaremos mesas técnicas con la participación de diferentes entidades para socializar los informes presentados y discutir posibles acciones conjuntas. La CGR seguirá presentando informes sobre las irregularidades encontradas en este sector”, señaló el contralor.

LA FISCALÍA INICIA SU INVESTIGACIÓN

Por su parte la Fiscalía General de la Nación informó sobre el inicio de una investigación por presuntos manejos irregulares en torno a la destinación de recursos públicos a las EPS, a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta indagación parte de un informe de la Contraloría General en el que acusa a las entidades promotoras de desviar 9 billones de pesos del sistema de salud en Colombia.

Tal información se dio a conocer la tarde de ayer (8 de abril), tras una reunión de alto nivel que sostuvo Luz Ariana Camargo, jefe del ente acusador; Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo; Margarita Cabello, procuradora general; y Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones.

Para tales efectos, Fiscalía conformará un Equipo Especial Conjunto de fiscales, expertos y peritos de la delegada para las Finanzas Criminales, delegada contra la Criminalidad Organizada y delegada para la Seguridad Territorial.

Sobre el caso, la Contraloría denunció que 18 de las 26 EPS que operan en el país, estarían incurriendo en la anomalía entre 2020 y 2021, en rubros que en nada tiene que ver con la atención.

El documento socializado por el ente de control fiscal reveló que se habrían gastado hasta 9 billones de pesos para el pago de honorarios, multas, uniformes y la compra de inmuebles.

“La investigación de la Fiscalía General de la Nación se inicia a partir de los primeros avances de la indagación fiscal de la Contraloría General de la República”, manifestó la fiscal Camargo.

Mientras que Zuluaga indicó que “los informes que presentamos hoy dan cuenta de que hemos proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de IPS, hemos tenido malos manejos en relación con los recursos de la salud, específicamente de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”.

EL RECUENTO

Como se sabe, el pasado viernes, en medio de una audiencia pública, La Corte Constitucional le hizo un jalón de orejas al Gobierno nacional, indicando que sus acciones habrían sido ineficientes al momento de investigar posibles actos de corrupción vinculados al sistema de salud.

En el encuentro, programado para aclarar dudas sobre el proceso de financiación del sistema, se tocó el tema de la distribución de dinero emitido por el Estado para las entidades promotoras de salud en el país.

Adicionalmente, José Fernando Reyes, magistrado que encabezó dicha mesa técnica, fue tajante al afirmar que ni la Contraloría, ni la Fiscalía han trabajado de manera efectiva para indagar y combatir las anomalías y supuesta corrupción en el sistema de salud.

Por lo mismo, hizo un llamado al Ejecutivo y a los entes de control para llevar investigar el asunto y aplicar las medidas necesarias para evitar el problema.

 CRISIS EN LAS EPS

Todo este asunto se da, luego de que el Gobierno nacional anunciara la intervención de Sanitas EPS y Nueva EPS, dos de las prestadoras de servicio de salud más grandes del país. Como se sabe, ambas empresas cuentan con más de 20 millones de afiliados.

Pero también, después de la solicitud de liquidación que hiciera Compensar al Gobierno por falta de liquidez para solventar sus servicios.

Como se sabe, esta crisis en el sector salud surge, luego de que la reforma presentada por el Gobierno a principios de 2023 se hundiera la semana pasada, ya que, congresistas de oposición, aseguraron que no fue concertada y que no cumple con los requerimientos para lograr una prestación de servicio eficiente.