Diario del Cesar
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Aumento de cultivos de coca desata una espiral de violencia en Colombia

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El incremento de hectáreas de coca en Colombia, que pasó de 143.000 en 2020 a 230.000 en 2022, está generando una ola de violencia en el país, con grupos armados ilegales sometiendo a la población y enfrentándose por el control territorial del narcotráfico, según indicó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

Según cifras de la ONU, en 2020 Colombia tenía 143.000 hectáreas de coca, 204.000 en 2021, 230.000 en 2022 y la tendencia no parece cambiar.

Esto coincide con el Reporte Anual sobre Control de Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU., que mostró el aumento continuado de los cultivos ilícitos y la necesidad, para detener ese rumbo, de fortalecer la seguridad y emprender políticas sostenidas de desarrollo rural.

Lafaurie Rivera agregó que esta situación tiene al país “en medio de una ola de violencia generada por grupos armados ilegales de toda laya, sometiendo a la población y enfrentados por el control territorial para proteger el narcotráfico y sus rentas ilícitas derivadas”.

El informe del Departamento de Estado de EE. UU. indica que el Gobierno colombiano menospreció la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, lo cual generó una caída del 70 %, con apenas 20.000 hectáreas en 2023.

Además, señala que “no hay claridad en los recursos para la política de drogas, ni un mecanismo de coordinación de alto nivel para su implementación, sobre todo en territorios con débil presencia institucional”.

Lafaurie Rivera indicó que en la Federación Colombiana de Ganaderos están de acuerdo con el Departamento de Estado en el sentido que es necesario fortalecer la seguridad y emprender políticas sostenidas de desarrollo rural ya que coinciden con su consigna “La paz pasa por la recuperación del campo”.

El dirigente gremial reiteró la importancia de la estrategia de seguridad de Fedegán que tiene los dos componentes mencionados por el Departamento de Estado: fortalecimiento de la seguridad y desarrollo rural.

Además, Lafaurie Rivera insistió en lo que NO son los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz:

No son una novedad, pues ya existen más de 33.000 en todo el país como parte de una política de vieja data de la Policía Nacional.

No son la resurrección de las Convivir, pues respetan el monopolio de las armas en cabeza del Estado y se basan en la colaboración pacífica con las autoridades, a partir de tecnologías de información y comunicaciones (cámaras, drones y botones de pánico).

No se limitan a una colaboración esporádica con la Fuerza Pública, sino a la articulación cercana con las autoridades locales civiles y militares, es decir, también con el alcalde, el personero, el fiscal y el juez.

No son solamente de ganaderos, sino ojalá de todos los sectores agropecuarios y actividades rurales: comercio, transporte, vecindad veredal, etc., razón por la que presenté la iniciativa al Consejo Gremial Nacional.