Domiciliaria para funcionario de la Procuraduría por abusar de su ex pareja

El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, cobijó con medida de aseguramiento en su lugar de residencia a un funcionario de la Procuraduría General de la Nación, quien está señalado presuntamente de acceder sexualmente a su excompañera sentimental.

El hecho se registró el 3 de febrero en una casa de campo del corregimiento de ‘El Jabo’, jurisdicción de Valledupar.

Se trata de Rafael Ricardo Luquez Baquero, acusado por la Fiscalía 31 Seccional Caivas, por los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones personales, donde resultó víctima su expareja Jessica Lorena Roys Valdeblanquez.  En la diligencia judicial de imputación el procesado no aceptó cargos.

Juan Pablo Molina, abogado defensor de la mujer afectada, manifestó en rueda de prensa que en el caso se logró demostrar, con los elementos materiales probatorios de la Fiscalía, la referencia razonable de autoría o participación de Luquez Baquero en los hechos que son materia de investigación.

Los elementos materiales probatorios que dan veracidad de los delitos imputados, son la historia clínica y el informe de Medicina Legal, la epicrisis del Hospital Rosario Pumarejo de López, donde se demuestra que sí hubo un acceso y señales donde “mi defendida fue amarrada y violentada. También el testimonio de una persona del corregimiento de El Jabo que fue quien le prestó ayuda”.

LOS HECHOS

Se dejó de presente en la audiencia, que ambos salieron del municipio de Becerril e hicieron una escala en Codazzi, donde se iniciaron las agresiones.

Ya estando en Valledupar, cuando Rafael Ricardo Luquez Baquero intentó ingresar al apartamento de la fémina, esta se lo impidió y en compañía de una tercera persona, procedieron a someterla.

“Se habla de un conductor, quien fue participe en los hechos, la investigación sigue y esta persona deberá comparecer a la justicia, porque está siendo sindicado como coautor de secuestro y lesiones personales, una vez que se prestó para amarrarla y retenerla en contra de su voluntad”, explicó el abogado.

Afirmó que según el relato de la afectada, salir de la casa en el barrio Obrero, llegaron a la bomba del barrio Novalito, donde ella inicialmente se bajó del vehículo e intentó huir, pero es tomada por el cabello e ingresada en el vehículo por parte de Luquez Baquero. Luego tomaron la ruta hacia El Jabo y en el semáforo de la DPA, ella intenta descender del carro nuevamente, pero esta vez  es intimidada por el chofer.

APELADA LA DECISIÓN

El abogado manifestó que fue apelada la decisión de domiciliaria que impuso el juzgado Segundo de Control de Garantías, el Ministerio Público tampoco estuvo de acuerdo y presentó la apelación. Es un caso de violencia de género y más por las conductas punibles que hay con delitos de pena inicial de 16 años.

La juez puso la medida de aseguramiento en domicilio basada en que el procesado tiene residencia en Bogotá y eso sería un factor determinante para garantizar la seguridad de la víctima.

Detalló que en episodios anteriores hay cuatro anotaciones en proceso de juicio por violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones personales, injuria y calumnia, las cuales fueron realizadas por la afectada entre los años 2021 y 2023.

“Nunca se ha desmentido que entre ellos existía una relación amorosa que data desde el 2021, aunque actualmente el procesado tiene una relación con otra persona nunca ha sido ajena a esta relación.  El señor llegó desde Bogotá para ir a una fiesta de un amigo en Becerril e invitó a mi prodigada.  Hay personas que le han ofrecido dadivas a mi defendida para ella se retracte de los hechos.  Por ser funcionario de la Procuraduría fue suspendido por seis meses por una sanción disciplinaria”, explicó el jurista.

“TEMO POR MI VIDA Y LA DE MI HIJO”

Jessica Lorena Roys Valdeblanquez, por su parte, aseguró ante los medios de comunicación que deja constancia de no tener problemas con nadie y está recibiendo amenazas.

“Si algo me llega a pasar a mí o a mi hijo, quiero hacer responsable a Rafael y a la administración de justicia.  No me siento segura con la medida del juzgado; me siento vulnerada y con tristeza. Él ya viene con varias denuncias que yo le ha colocado y no se ha hecho justicia”, dijo.