Juez envía caso del coronel Feria por polígrafo a exniñera a la Justicia Penal Militar
La juez 79 de garantías ordenó que caso del coronel de la Policía Carlos Feria Buitrago, jefe de seguridad de la Presidencia de la República, por el polígrafo realizado a la exniñera Marelbys Meza, debe llevarse en la Justicia Penal Militar.
La petición la hizo la defensa de Feria durante la audiencia del 23 de noviembre en la que la Fiscalía iba a imputarle cargos. En la audiencia también estuvieron el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, quien sería el poligrafista que aplicó la prueba a Meza.
De acuerdo con los argumentos del ente investigador, los tres implicados habrían incurrido en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.
No obstante, la juez indicó que es un asunto que debe ser asumido por la Justicia Penal Militar “porque los implicados son investigados por unas conductas penales y porque se trata de servidores de policías activos en el servicio”, explicó la jueza.
Y añadió que se traslada el caso por un tema de “jurisdicción y no por competencia”.
“No todo comportamiento que ejecute, teniendo la calidad de miembro activo, caerían bajo el conocimiento de la justicia militar, por lo que debe haber una relación directa, clara y específica entre los hechos con el servicio”, añadió la jueza.
Para la época de los supuestos hechos el coronel Carlos Alberto Feria ejercía el cargo de jefe de seguridad de la Presidencia de la República.
En los hechos materia de investigación, Feria les habría ordenado a sus compañeros dar con el paradero de un dinero que le habían robado el 29 de enero a la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, y en medio de los movimientos para encontrar la plata se habría aplicado el polígrafo a Meza.
En el expediente de la Fiscalía se señala que Feria Buitrago sería quien ordenó llevar a la exniñera desde su casa hasta el edificio Galán, donde queda la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño. Meza afirmó después que se sintió secuestrada; pero las autoridades gubernamentales que el procedimiento se aplicó con su consentimiento.