Más de medio centenar de personas defraudaron con $ 100 mil millones al Estado
La Fiscalía ya tiene identificados 550 casos en Valledupar, en donde 400 personas ya habrían sido beneficiadas con la pensión y 150 se encontrarían en trámite, mediante una red que supuestamente venía operando desde 2011.
Con las capturas efectuadas durante las últimas semanas de este mes, ha aumentado el número de personas procesadas ante la justicia por sus presuntas actuaciones con las diferentes estructuras criminales que, según las autoridades, produjeron grandes descalabros a diferentes instancias del sistema de la administración pública a través de actos de corrupción y fraude.
La mayoría de ellas fueron expuestas a la luz pública en el pasado año cuando en medio de elaborados operativos desplegados por funcionarios del CTI e investigadores de la Sijín de la Policía Nacional, algunos de sus presuntos implicados fueron puestos en manos de la justicia.
EL CARRUSEL DE LAS PENSIONES
El fraude a través del que, sólo en el Cesar, lograron pensionarse unas 400 personas mientras que otras 150 personas estarían esperando obtener dicho beneficio, hasta la fecha ha dejado a 47 detenidos, de los cuales 46 son procesados ante diferentes juzgados de esta capital, por delitos como fraude procesal, estafa agravada, concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación, concusión, cohecho y tráfico de influencias.
El escandaloso caso se dio a conocer en abril del 2018, cuando con la captura de 10 personas entre las que figuraban médicos, abogados y otro tipo de personajes de Valledupar, la Fiscalía General de la Nación expuso que mediante irregularidades adelantadas al interior de la Junta Regional de Calificaciones del Cesar, se hizo un multimillonario desfalco a los fondos pensionales del país de más de $100.000, solo en esta ciudad.
Aseguró también que, presuntamente, esto se venía realizando desde el 2011 por empleados de empresas carboneras de la región en asocio con la junta, abogados, intermediarios e inclusive, funcionarios de la rama judicial.
Según ese investigador, los profesionales asociados al ilícito usaban documentos falsos para favorecer a clientes que pretendían adelantar su pensión en entidades como Colpensiones y otros fondos privados, a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales.
Cabe recordar que iniciando abril, 8 exmineros de la multinacional Drummond Ltda. fueron los últimos procesados por este caso. De los 46 acusados, 27 fueron dejados en libertad, otros nueve permanecen cobijados con medida de detención domiciliaria y otros diez están privados de la libertad en la cárcel Judicial.
EL CARTEL DEL ESCALAFÓN
Con la captura del líder sindical de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, Manuel Villalba Mozo, ahora son seis las personas detenidas por decisión de la justicia, al ser señaladas de integrar una presunta red de corrupción que operaba al interior de la Gobernación del Cesar y que a cambio de grandes cantidades de dinero, negociaba ayudas a profesores en todo el departamento para diligenciar títulos y diplomas falsos en la Secretaría de Educación Departamental, tras ser delatados en un medio local en octubre del 2017.
Las otras personas son: la encargada de Evaluación de Desempeño Laboral, Deisy Johanna Moreno Ruíz; el auxiliar administrativo del área de recursos humanos, Flavio Manjarrez, el asesor jurídico, José Miguel Chacón y el docente matemáticas Aries Alfonso Ávila León.
Según la Fiscalía, la primera realizaba gestiones internas en la sectorial educativa para lograr las firmas del secretario de educación del Cesar, que aprobaban los ascensos y también convencía a los docentes de hacer los pagos para lograr el beneficio; Manjarrez, presuntamente, conseguía los créditos y los grados de licenciatura que ellos requerían para escalar en el ranking y en ese orden de ideas, era quien daba el visto bueno para legalmente, facultar el procedimiento.
El tercero, realizaba contratos, incapacidades, licencias, proyectos, vistos buenos, entre otros, para lograr el cometido del cartel y el profesor, supuestamente tenía la función de fabricar los diplomas falsos que eran entregados a los educadores que de modo irregular obtenían su ascenso en el grado de escalafón.
Al líder sindical, la Fiscalía 10 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, que adelanta la investigación de todo el proceso, lo acusó de ser intermediario entre los docentes y los funcionarios. Es decir, supuestamente servía de puente entre Moreno y sus colegas para adelantar el fraude. Con ello, aparentemente, habría logrado su propio ascenso.
Es de resaltar que al conocer la irregularidad, la Fiscalía General empezó las investigaciones y detectó en el Cesar más de 15 diplomas falsos de profesores que lograron la mejora a través de este modo, en hechos que ocurrieron durante los últimos ocho años. Para ello, los infractores pagaban valores que oscilaban entre tres y seis millones de pesos.
OTRAS CAPTURAS ESTÁN PENDIENTES
Entre las irregularidades perpetradas en redes asociadas a corrupción, investigadas por la Fiscalía y de la que se esperan próximas capturas, se destaca la del conocido caso de los grados ‘express’ de la Universidad Popular del Cesar, el cual se conoció públicamente el pasado septiembre.
Hasta el momento, 10 personas entre las que figuran estudiantes y una funcionaria de la institución, fueron capturadas por solicitud de la Fiscalía 16 Local adscrita a la Estructura de Apoyo, quien las señaló de falsificar documentos de seminarios y módulos que debían ser aprobados para para recibir el título en derecho, a pesar de no cumplir a con los requisitos para obtenerlo.
“Esa actividad de convencer y determinar a los estudiantes a consentir la falsificación de los documentos, se le atribuye llevarla a cabo entre los meses de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en la sede sabana de la UPC. Además, habría elaborado 10 certificaciones de evaluaciones, que posteriormente fueron entregadas personalmente a dos estudiantes, de a cinco documentos a cada uno”, dijo el acusador al imputar a la funcionaria de la UPC, sindicándola de ser la gestora de la idea criminal en la que terminaron inmersos 28 estudiantes de la facultad.
Es de anotar que mediante el acuerdo No.012 del 17 de mayo del 2018, la Universidad Popular del Cesar abrió una investigación disciplinaria en contra de 28 estudiantes de la institución, tras conocerse la modalidad ilícita en la que pretendían obtener su titulación como profesionales del derecho y en la misma ordenó que se suspendieran todos los trámites relacionados con sus procesos de grado. Por ese hecho, la Fiscalía tiene pendientes otras cinco órdenes de captura.